Freno para evitar que violentadores de mujeres ocupen cargos públicos avanza en comisiones

Al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se aprobaron reformas a la Carta Magna, una de ellas la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, para que agresores de este sector de la población no puedan contender por ningún cargo público ni de elección popular.

El proyecto, que recibió 32 votos a favor y tres abstenciones, propone modificar los artículo 38 y 102 de la Constitución para suspender los derechos a ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.

El proyecto partió del Grupo Plural de Igualdad de Género, integrado por legisladoras de todas las bancadas en San Lázaro y que desde hace dos semanas empujaron modificaciones para que se reconozcan y las violencias cometidas contra las mujeres y el Estado asuma una responsabilidad, explicó la morenista Aleida Alavez.

Dijo que el punto es que ningún agresor acceda a la función pública de cualquiera de los tres poderes de la unión.

Entre las causales para perder los derechos políticos se considerará a personas deudoras alimentarias, que hayan cometido acoso u otra agresión.

La priista Blanca Alcalá señaló que “esta iniciativa no tiene dedicatoria hacia una, dos o tres personas”, sino que se trata de una medida disuasoria para que se recupere la ética política en la democracia mexicana.

Los diputados que votaron en abstención este dictamen, que será remitido al pleno, fueron los panistas Jorge Triana y Santiago Torreblanca y Jorge Arturo Espadas Galván.

Durante la misma sesión se aprobó el dictamen correspondiente a la modificación al artículo 33 constitucional, a propuesta del Presidente de la República, para acotar la expulsión de extranjeros del país.

El proyecto original proponía derogar el párrafo tercero, que apuntaba que ningún extreanjero podría inmiscuirse en los asuntos políticos del país.

Sin embargo, a propuesta de la morenista Susana Prieto Terrazas, la comisión avaló no derogarlo, sino modificarlo para que se establezcan límites a la participación de los extranjeros en la política mexicana, dado que existen leyes que determinan este rubro.

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Leo