Ante narcoinjerencia, PRI va por castigar a partidos

Derivado del clima de inseguridad en el país y la proximidad de jornadas electorales, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, hizo hincapié en la iniciativa ya presentada para reformar los artículos 19, 34, 41 y 115 constitucionales para combatir la injerencia del crimen organizado en los comicios.

El proyecto presentado semanas atrás busca que los delitos, particularmente el homicidio, contra candidatos no prescriban, pero cuando ocurran las campañas y procesos electorales deberán ser suspendidos.

Además, sugiere la pérdida de registro de partidos políticos y disoluciones, cuando se compruebe que organizaciones criminales participaron a favor de algún aspirante, pues “de no hacer nada, el narco se quedará pronto con el poder político en diversas zonas del país”.

Asimismo, propone establecer penas privativas de la libertad de 15 a 30 años a quien, por omisión o acción, permita la participación del crimen organizado.

La propuesta también incluye la creación de dos figuras adscritas al Instituto Nacional Electoral, para facultar en cuanto a sanciones respecto a la intervención del crimen organizado.

La primera de ellas es el comisionado electoral, para que ordene medidas de vigilancia preventiva y de protección a candidatos a un cargo de elección popular, así como a sus familias; además, elaboraría protocolos de actuación junto a la Federación, estados y municipios para indagar la posible filtración del crimen organizado en los comicios.

La segunda es el observatorio electoral, que investigará quejas y procedimientos oficiosos en materia de indicios de injerencia del crimen.

El nombramiento de quien ocupe este cargo, sugiere, deberá correr a cargo de la Cámara de Diputados, mientras que el segundo será nombrado por el Consejo General del INE.

Añade que los partidos deberán pronunciarse en contra del narcotráfico dentro de sus campañas y documentos básicos y los candidatos tendrán prohibido hacer apología del crimen.

El diputado argumentó que durante el proceso electoral de 2018 se registraron 774 hechos delictivos contra políticos y candidatos, con un saldo de 152 víctimas mortales, de las que 48 eran aspirantes y candidatos a puestos de elección.

Así como en 2021, se contabilizaron mil 66 ataques a políticos, lo que representa un incremento de 38 por ciento en comparación al proceso electoral inmediato anterior.

“Es momento de lanzar un mensaje duro contra el narcotráfico. Tenemos que impedir un posible narco estado” dijo.

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DGC