Cimbra reclusión de Robles; UIF alista más denuncias

Rosario Robles Berlanga, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pasó su primera noche en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, luego de que un juez federal le impusiera la prisión preventiva al vincularla a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, por lo que se convirtió en la primera exsecretaria de Estado en ser recluida en el actual gobierno por presuntos delitos durante su gestión.

La decisión del juzgador de mandar a la cárcel a la exfuncionaria, a pesar de que el delito de ejercicio indebido del servicio público por el que se le acusa no lo amerita, se basó en que para los fiscales y el juez se corría el riesgo de que escapara si se le permitía llevar su proceso en libertad.

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La acusación contra Robles Berlanga derivó de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por un daño al erario por cinco mil 73 millones 358 mil pesos al omitir denunciar o impedir el desvío de recursos de la Sedatu y la Sedesol cuando las encabezó.

En la segunda audiencia de la también exjefa de Gobierno, la cual duró 12 horas, el juez Felipe de Jesús Delgadillo resolvió vincularla a proceso y decretar la prisión preventiva a pesar de que la imputada argumentó que no cuenta con el patrimonio suficiente para salir del país, además de que su única cuenta está congelada por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Asimismo, otorgó a la FGR dos meses para realizar la investigación complementaria, aunque su defensa indicó que recurrirá a todos los recursos legales disponibles para que su clienta enfrente el proceso en libertad, por lo que confían que no pasará tanto tiempo en prisión.

Las acusaciones del Ministerio Público de la Federación se sustentan en los testimonios de tres empleados de ambas dependencias cuando Robles estuvo al frente de las mismas, así como en diversos oficios en los que sus colaboradores le advierten de presuntas irregularidades en diversos convenios.

Se trata de 27 acuerdos en los que las secretarías solicitaron diversos servicios a universidades y sistemas de radio y televisión estatales, a pesar de que estos organismos carecían de la capacidad técnica para ello y sin que se acreditara el cumplimiento de lo contratado, lo que derivó en el desvío referido.

Según la Fiscalía, Robles no hizo uso de sus facultades legales para impedir dichas irregularidades y o denunció ante su superior jerárquico, es decir, el Presidente Enrique Peña, las conductas ilícitas llevadas a cabo por funcionarios que estaban bajo su mando en Sedesol y Sedatu.

Aunque a decir de Julio Hernández, abogado de la exsecretaría, dichas anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fueron notificadas en su momento a José Antonio Meade y a Peña Nieto, el juzgador federal determinó que los oficios daban una “certeza jurídica real” para acreditar que Robles tuvo conocimiento de dicho delito.

Luego, concedió a la FGR la prisión preventiva justificada porque consideró que la exfuncionaria representa un riesgo de fuga, peligro para los testigos “pues existe el peligro de que obstaculice las investigaciones” y no tiene arraigo en la Ciudad de México.

El juez Delgadillo Padierna justificó su decisión con base en una “falsedad” que, consideró, cometió Robles, que consistió en tramitar una licencia de manejo con una dirección distinta a su residencia de los últimos 24 años.

Ello, porque cuando fueron las autoridades en dos ocasiones al citado domicilio, no fue localizada. La defensa arguyó que estaba en Costa Rica, primero por un curso, y luego por vacaciones. Para el MP esto demostraba que la imputada cuenta con recursos para salir del país.

“No tengo millones para irme a Canadá y luego regresar impunemente, he vivido de mi trabajo. Entiendo el apetito del Ministerio Público, varios que me han querido procesar están sustraídos de la justicia”, manifestó Robles.

El abogado Julio Hernández dijo a La Razón que la medida de prisión preventiva se dio “con mucha ligereza”, por lo que aseveró que la exfuncionaria es “una presa política de alguna camarilla que está satisfecha de tenerla en la cárcel”.

El Dato: Mario Delgado, diputado de Morena, dijo que en caso de que Robles sea declarada culpable  se le podría aplicar la extinción de dominio.

“Rosario Robles tiene probado que no se iba a dar a la fuga, tiene su asiento en la Ciudad de México, que tiene interés en comparecer ante el juzgado y lo tiene probado por su conducta procesal. La justicia hoy está de luto”, declaró.

Comentó que la extitular de Sedesol se encuentra “tranquila, pero molesta y decepcionada” de la justicia, porque indicó que pese a que ella se presentó para demostrar su inocencia, en todo el momento el juzgador actuó de forma oficiosa y fue más agresivo incluso que el MP.

Con información de Iván Mejía

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