CNDH promovió actos de inconstitucionalidad para regular acciones de integrantes de GN

Algunos de los motivos por los que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la creación de la Guardia Nacional son para impedir que los integrantes de este órgano de seguridad intervengan comunicaciones de ciudadanos, evitar que utilicen armas de fuego en manifestaciones y que no restrinjan el acceso a la información pública.

La CNDH precisó en un comunicado que son cuatro las acciones de inconstitucionalidad que promovió ante la SCJN, aunque sólo se admitieron a revisión dos.

"La CNDH promovió ante la SCJN cuatro acciones de inconstitucionalidad respecto de las leyes de la Guardia Nacional; sobre el Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de coadyuvar a la consolidación del marco jurídico que rige la institución denominada Guardia Nacional", se lee en el documento que publicó este sábado el organismo.

Mediante dichas acciones de inconstitucionalidad, el organismo pretende que las normas que facultan a las autoridades para hacer uso de la fuerza pública y a realizar detenciones de personas encaucen el ámbito de esa actuación para que, por un lado, la ciudadanía conozca cuál será la consecuencia jurídica de los actos que realice y, por otro, que la autoridad se encuentre limitado y acotado y, en consecuencia, tenga certeza en dicha actuación.

La Comisión precisó que no impugnó las leyes en su totalidad; además de señalar omisiones legislativas presentó argumentos sobre partes muy específicas de dichas leyes con la finalidad de que la Corte resuelva sobre su constitucionalidad y apego a los derechos humanos, entre otros:

La facultad para detener a los particulares, solicitarles información, intervenir sus comunicaciones privadas y localizar su posición geográfica en tiempo real, sin que exista denuncia alguna, para la prevención tanto de delitos, como de infracciones administrativas, afecta la privacidad e intimidad de las personas sin fundamento legal para ello.

Además, inspeccionar y vigilar la entrada y salida de personas en el país, así como verificar si los extranjeros que residen en el territorio cumplen con las obligaciones que establece la Ley de Migración transgreden los derechos de libertad de tránsito, seguridad personal, a la intimidad, de protección de datos personales, así como la prohibición de injerencias arbitrarias.

La posibilidad de la utilización de armas, incluso letales, contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas, vulneran los derechos fundamentales de libertad de expresión y libertad de reunión.

La reserva absoluta, previa, permanente e indeterminada que toda la información, restringiendo el acceso a la información y estableciendo una prohibición expresa para su acceso al público, independientemente de su contenido o naturaleza.

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