Rechazan demanda de amparo

Declaran válido traslado de Florian Tudor a un penal de máxima seguridad

El presunto líder de la mafia rumana fue detenido el 27 de mayo en sus oficinas ubicadas en la Ciudad de México; Tudor es reclamado por su país por delincuencia organizada

Florian Tudor
En la imagen, el presunto líder de la mafia rumana, Florian TudorFoto: Especial
Por:
  • Jorge Chaparro

El Juez primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México declaró válido el traslado de Florian Tudor al penal del Altiplano.

Con esa decisión, el Juez Jonathan Bass Herrera dejó en manos de un juez en Materia Penal la decisión de mantenerlo en el penal.

El pasado 22 de junio, Florian Tudor presentó una demanda de amparo contra “la incomunicación y el traslado involuntario” del Reclusorio Norte en la Ciudad de México a un centro de reclusión federal en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Con esta decisión son dos los jueces que rechazaron la demanda de amparo del presunto líder de la llamada “mafia rumana”, quien se queja de malos tratos, incomunicación y traslado de un penal a otro sin haberlo consultado.

Previamente, el juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, desechó “por improcedente” la solicitud de protección judicial que buscaba Tudor alias el “Tiburón”, quien buscaba anular la decisión de un juez de control de trasladarlo al penal de máxima seguridad.

Florian Tudor fue detenido el 27 de mayo en sus oficinas ubicadas en la Ciudad de México, acusado de supuestamente comandar una banda de criminales internacionales dedicados a cometer fraudes bancarios a través de tarjetas de crédito y débito. Las investigaciones policiacas señalan que este grupo colocaba cajeros automáticos con dispositivos para “clonar” tarjetas bancarias desde las cuales hacían importantes retiros o traspasos de dinero a cuentas de la organización.

Mediante este mecanismo, dijeron las autoridades, la “mafia rumana”, logró amasar una fortuna superior a los mil 200 millones de pesos.

Tudor es reclamado por su país por los delitos de intento de asesinato, chantaje y delincuencia organizada. Parte de sus colaboradores fueron sentenciados a penas que van de los tres a los diez años de prisión por esos delitos.

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