Diputados establecen desapariciones forzadas como delitos de lesa humanidad

Con 470 votos a favor, cero en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma diversas leyes a fin de establecer que la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares sean delitos de lesa humanidad.

El proyecto impulsado por la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos también especifica los casos en los que superiores jerárquicos serán considerados como autores del delito.

Se considerarán de esta forma cuando hayan tenido conocimiento de que su subordinados cometieron este delito o hayan hecho caso omiso de información que indicara esta situación o cuando no hayan adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para impedir la comisión de la desaparición.

De igual forma contempla reformas al Código de Justicia Militar para que la investigación persecución, procesamiento y sanción de las conductas relacionadas con este delito solo será competencia de las autoridades federales o estatales del orden civil, aún cuando dichas conductas sean realizadas por un militar en contra de otro militar.

También formula cambios a la Ley Nacional del Registro de Detenciones a efecto de definir a éste como una base de datos que también ofrezca información de la etapa del proceso penal y procedimiento administrativo sancionador del detenido.

Durante la argumentación del proyecto en tribuna, la diputada Nelly Minerva, de Morena, dijo a los legisladores que con esta iniciativa tienen en las manos “la posibilidad de incidir en la protección y fortalecimiento de los derechos de tantas personas desaparecidas y de sus familiares”.

En tanto, la promovente Almazán Burgos expuso que durante varias décadas se mantuvo un estado represor y ejemplo de ello, recordó la matanza de Tlatelolco, el Halconazo y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El dictamen fue aprobado con la inclusión de la reserva presentada por el emecista Mario Alberto Carrillo, quien propuso especificar la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad en términos del Estatuto de Roma.

LRL