Eliminan inhabilitación y multa a laboratorios Pisa y Dimesa

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concedió la suspensión a la inhabilitación impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a los Laboratorios Pisa y su filial Dimesa.

La decisión del TFJA se originó por los juicios contenciosos que promovieron ambas empresas contra la inhabilitación de dos años y 6 meses que la Función Pública impuso a cada una de ellas.

El acuerdo, emitido el pasado 13 de noviembre, establece que las inhabilitaciones y multas por 2.3 millones de pesos, quedarán sin efecto a partir de la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación y se envíen las circulares a las diferentes dependencias del gobierno federal sobre la suspensión concedida por la magistrada de la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana del TFJA.

La decisión judicial aún no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación por lo que la Secretaría de la Función Pública puede impugnar las suspensiones mediante recurso de reclamación.

Las empresas recuperarán su libertad para hacer negocios con el gobierno federal a través de las dependencias de salud.

La SFP aplicó la inhabilitación en contra de los laboratorios por “proporcionar falsa y actuar con dolo” al entregar las sustancias para servicio de anestesia en el Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Guadalajara, Jalisco.

La suspensión levanta la inhabilitación, pero no es la sentencia definitiva. Este tipo de juicios pueden llevar varios años debido a que puede ser revisado en varias instancias antes de emitirse un fallo definitivo.

La empresa Pisa ha obtenido contratos en lo que va del sexenio por unos cuatro mil millones de pesos, mientras que su filial Dimesa todavía ganó 113 de las 632 partidas que abrió el gobierno para realizar las compras consolidadas de medicamentos para 2020, una licitación que realizó la Secretaría de Hacienda.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación existe una jurisprudencia que impide que empresas que recurran al juicio de amparo en tribunales de Distrito puedan participar en concursos o licitaciones públicas, pero este criterio no aplica para juicios de lo contencioso administrativo que se tramitan ante el TFJA.