Entra en vigor el Plan B: cese, choques y primeras impugnaciones

El Plan B de la Reforma Electoral, una iniciativa más de la Cuarta Transformación que se perfila para estar entre las más impugnadas, vio la luz este jueves y ahora será uno de los asuntos más relevantes en la agenda de discusión del Poder Judicial de la Federación (PJF).

El segundo paquete de enmiendas a leyes secundarias fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), después de algunos días de controversia y retraso por falta de firmas de legisladores.

Su promulgación abre la ventana para que la oposición pueda presentar, dentro de los próximos 30 días, los recursos legales que estime necesarios para frenar la implementación de la reforma, a la que se opone por considerarla inconstitucional.

A 308 días de que el proyecto presidencial fue presentado al Congreso de la Unión, este jueves quedaron publicadas las reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Éstas se suman a un primer paquete de reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, publicadas en diciembre del 2022, y que han sido impugnadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante siete acciones de inconstitucionalidad —una fue desechada— por parte de partidos (PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano) y legisladores.

Además, la Corte ha recibido al menos 125 controversias constitucionales presentadas por gobiernos estatales y municipales de oposición.

Con la promulgación de ayer se oficializan los cambios a la estructura interna del Instituto Nacional Electoral (INE), pues elimina la Junta General Ejecutiva y, con ello, a quien ocupa el cargo como secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, a pesar de que en la Constitución se establece que el nombramiento de este cargo sólo compete al Consejo General.

Es así que Jacobo Molina, quien ocupó el cargo durante casi 14 años, fue cesado de sus funciones y se ordenará al Consejo General del INE que designe a un nuevo “encargado de despacho” de inmediato.

La enmienda también modifica los tiempos electorales cuando se trata de las elecciones federales ordinarias, aplazando el inicio hasta noviembre, y ya no el 1 de septiembre, como se hacía antes.

Además, retira al órgano la posibilidad de emprender proyectos o programas con el presupuesto, pues cualquier remanente o ahorro generado al término del ejercicio fiscal, se deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación.

Los cambios también trastocarán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) , cuya Sala Regional Especializada quedará eliminada y será reemplazada por la Sección Resolutora.

Además, acota el concepto de propaganda gubernamental para que ésta se entienda sólo como las campañas contratadas con recursos públicos y excluye de tal concepción las “manifestaciones de las personas servidoras públicas, que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”.

En el artículo cuarto transitorio deja claro que este decreto no será aplicable para los procesos electorales del 2023 en Coahuila y el Estado de México.

También apunta que el Consejo General del INE tendrá hasta abril de este año para identificar la normativa que deberá adecuar conforme a este decreto, para garantizar que se hayan emitido los lineamientos necesarios para cumplir con las normas ya vigentes antes del proceso electoral presidencial 2023-2024.

Se indica que los gastos que implique la entrada en vigor de esta reforma se realizarán con cargo al presupuesto ya asignado y no se autorizarán recursos adicionales.

A más tardar el 15 de agosto del 2023, los órganos locales y las oficinas auxiliares que también se modificaron, deberán quedar instalados.

Por lo pronto, el Tribunal Electoral recibió ayer los tres primeros recursos en contra del Plan B. Las impugnaciones presentadas fueron turnadas a la ponencia de la magistrada Janine Otálora, que será la encargada de elaborar los respectivos proyectos de resolución y presentarlos ante el pleno de la Sala Superior para su votación.

De acuerdo con los expedientes registrados por el órgano jurisdiccional, el número SUP-JE-23/2023 se le asignó a la impugnación que presentó la Dirección Jurídica del INE en contra de la aprobación y publicación del decreto de reforma.

“En específico controvierte el artículo Décimo Séptimo transitorio, en el que se establece que la persona titular de la Secretaría Ejecutiva cesará en sus funciones a partir de la publicación del decreto”, detalla.

Además, en el expediente SUP-JDC-118/2023 se estableció otra impugnación en contra del Plan B, relacionada con la integración de los órganos electorales.

Los archivos también registran que Carlos Francisco López Córdova realizó diversas manifestaciones para impugnar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada por el Senado; el recurso se registró en el expediente SUP-AG-29/2023.

Árbitro lleva ante Tribunal baja del secretario ejecutivo

Con la entrada en vigor del Plan B, que implicó el cese inmediato del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) Edmundo Jacobo, la autoridad electoral presentó de inmediato una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“La autoridad electoral refrenda su compromiso con el cumplimiento de la ley; sin embargo, este decreto es inconstitucional al invadir competencias de la autoridad electoral y contravenir derechos amparados por la Constitución. Por ello, el INE ha presentado ante el TEPJF un juicio electoral”, señaló.

Recordó que el artículo 41 de la Carta Magna establece que el secretario ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General, a propuesta de su Presidente. Bajo ese criterio, el 6 de febrero de 2020, se designó a Jacobo Molina como titular del área por un nuevo periodo de seis años.

Apuntó que, además, la Constitución precisa que no pueden expedirse leyes privativas, es decir, en contra de una persona específica, como en este caso que se orienta al cese de quien se desempeñaba como secretario ejecutivo del instituto.

El órgano electoral enfatizó que pese a la salida de Edmundo Jacobo Molina, prevalece la instrucción de las 11 consejeras y consejeros electorales para que, quien ostente la representación legal del INE, impugne la reforma por las múltiples inconstitucionalidades que presenta.

Por ello, de inmediato se presentó un juicio electoral ante la Sala Superior, alegando la inconstitucionalidad del artículo transitorio que cesa injustificadamente al secretario ejecutivo.

“Así, al acatar la ley, incluso si ésta contraviene la Constitución, el Instituto Nacional Electoral refrenda su compromiso con la legalidad; y con el combate a estas determinaciones por los cauces legales, su corresponsabilidad con el respeto a la Constitución y el fortalecimiento de las instituciones en el país”, reiteró.

“Inició una batalla jurídica, la justicia está de nuestro lado”

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que en el inicio de la batalla jurídica contra el Plan B de la Reforma Electoral que ayer se promulgó, cuentan con la razón, la justicia y la Constitución de su lado.

Tras la publicación de la enmienda en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que entra en vigor este viernes y que prevé una reestructura y despidos en el órgano electoral, el funcionario reiteró que se trata de la reforma más regresiva en la historia del país.

“Hoy se publicó, esta madrugada (jueves), en el DOF, la que quizá sea la Reforma Electoral más regresiva de la historia del país, enraizada en fobias y en rencores del pasado, construida sin los consensos mínimos que todo cambio en las reglas del juego debería tener para garantizar la adecuada recreación de la democracia y aprobada sin la mayor deliberación, y como en esta sala del Consejo (General del INE) lo hemos podido constatar una y otra vez, con un absoluto desconocimiento por quienes la validaron de sus contenidos”, manifestó.

Durante la firma de un convenio de colaboración del INE con el PRI para que el partido utilice la aplicación remota de afiliación de militantes, Córdova Vianello subrayó que esta Reforma Electoral “dinamita el edificio democrático” que ha permitido al país tener el periodo más amplio —nueve años— de estabilidad política, gobernabilidad democrática y paz pública.

Por ello, remarcó que desde el órgano electoral “recurriremos a todas las instancias legales a nuestro alcance, a través de todos los medios jurídicos que la Constitución prevé, para impedir que esta reforma destruya lo que tanto trabajo le ha costado edificar a la sociedad mexicana”.

Señaló que por eso ya se inició una batalla jurídica que incluye, además de la controversia constitucional que presentaron el 27 de diciembre, un recurso presentado ayer ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la remoción inmediata del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Bonilla, que es uno de los primeros efectos que determina la aplicación del Plan B.

“El día de hoy (ayer), el instituto (INE) ya ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Electoral para restablecer el orden constitucional e impedir que una mayoría tiránica, autoritaria, desde el Congreso de la Unión, sin seguir los cauces institucionales previstos para ello, que son precisamente el juicio político, haya cesado a quien es nuestro secretario ejecutivo.

“En breve, estoy seguro que el licenciado Edmundo Jacobo volverá a ocupar el lugar que le corresponde en la mesa del consejo, por haber sido designado por el órgano constitucionalmente competente para ello, que es el propio Consejo General”, indicó.

El consejero presidente del INE sostuvo que de esta manera comenzó la batalla jurídica para “restablecer el orden constitucional y democrático” del país.

“Así, inició ya una batalla jurídica en la que tendremos la certeza de contar con todos los elementos de la razón, de la justicia y de la Constitución de nuestro lado. Esta batalla puede ser prolongada y compleja, pero lo haremos con la absoluta convicción de que, al final, el orden constitucional y democrático, que ha sido el resultado de una construcción colectiva de generaciones de mexicanos de muy distintas orientaciones políticas, que coincidieron en la necesidad de contar con herramientas y reglas que nos permitan democráticamente la disputa y el acceso al poder de manera pacífica, prevalecerá y, con ello, también nuestra democracia”, remarcó.

Edmundo Jacobo impugnará despido

Tras ser cesado de su cargo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina anunció que solicitará un amparo ante la justicia federal y acudirá por su cuenta ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar su remoción.

En entrevistas que otorgó a diferentes medios electrónicos explicó que su salida del órgano electoral es consecuencia inmediata de la publicación, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del Plan B de la Reforma Electoral.

Comentó que aunque así lo establecen los artículos transitorios, esto va en contra de la Constitución, que otorga dicha facultad al Consejo General del INE, por lo que ya tiene listos sus recursos, que correrán de manera independiente a los presentados por la autoridad electoral administrativa.

“Acudiré a la justicia federal para solicitar un amparo y también voy a acudir a la figura de un juicio ciudadano al Tribunal Electoral, porque considero que es no solamente arbitraria la forma como se me separa del cargo, sino ilegal, porque no cumple con ninguna de las disposiciones constitucionales”, manifestó.

Dijo que demandará que se le restituya en sus funciones como secretario ejecutivo del INE y señaló que lo hace asumiendo la responsabilidad que tiene como funcionario público de combatir las ilegalidades.

Ante las críticas que recibió por parte del titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, respecto a sus percepciones e incluso sobre los años que lleva laborando en el instituto, declaró que le parece que “el señor Presidente está mal informado”.

En ese sentido, rechazó que pretenda eternizarse en la Secretaría Ejecutiva del INE y dijo que existen reglas claras para el funcionamiento del Consejo General y para la operación del cargo.

“Las reglas son claras, la Constitución señala que es el Consejo General el que designa al secretario por seis años y un periodo de seis años más, de manera que no podría ir por más tiempo”, dijo.

Enfatizó que el hecho de que le dediquen en específico un artículo transitorio es algo que nunca antes había visto, pero principalmente es algo ilegal e inconstitucional.

AMLO a exfuncionario de INE cesado: “cínico”

Tras reafirmar que el Plan B de la Reforma Electoral no afecta en nada al INE, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó “cinicazos” a los integrantes de la cúpula del organismo, después de que el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, anunció que impugnará su destitución, ordenada por la nueva disposición legal.

El mandatario criticó que el ahora exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral “se atreva a quejarse” por ser cesado como efecto de la aplicación del Plan B de la Reforma Electoral, al desaparecer su plaza en el órgano autónomo.

Jacobo Molina estuvo al frente de la Secretaría Ejecutiva del INE durante casi 15 años, en una área estratégica de coordinación de las áreas que componen la estructura del órgano autónomo, en la que percibía un ingreso superior a 166 mil pesos mensuales.

“Pues a lo mejor quiere tener empleo de manera vitalicia. Se le olvida que vivimos en una república, no en una monarquía. Si se hace una reforma y ya se considera que un cargo como el que él desempeñaba es innecesario y que hay que ahorrar… Quince años, y todavía se atreve a ir a quejarse”, señaló López Obrador, durante su conferencia matutina.

Dijo que ahora que la Reforma Electoral estará a discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jacobo Molina debería estar atento para ver si recupera su empleo.

“Pues es muy probable que el Poder Judicial anule la ley electoral y él regrese a su cargo y pueda tardar otros 15 años. Porfirio tardó 30, más cuatro del compadre, 34. Me refiero a Porfirio Díaz. Entonces no, está rebién así. Son unos cinicazos”, criticó.

Reiteró que la Reforma Electoral no afecta en nada el funcionamiento del INE sino, por el contrario, sólo busca generar ahorros, que no se gasten 25 mil millones de pesos, en la organización de las elecciones, aseveró.

“Una vez más sostengo: La ley electoral que están impugnando no afecta en nada el funcionamiento del INE; lo que propone esta ley es obtener algunos ahorros, ni siquiera mucho porque, como no se pudo hacer la reforma constitucional, se van a tener que seguir destinando 25 mil millones de pesos para la organización de las elecciones, las más caras del mundo. Los que vinieron a marchar ni siquiera saben en qué consiste, ni la reforma constitucional que fue rechazada, ni la reforma a la ley electoral que ahora está siendo impugnada”, señaló.

Dijo que el caso de Edmundo Jacobo era una “inmoralidad” y acusó de deshonestos a todos los dirigentes y convocantes de la marcha, porque no han explicado el sueldo que tenía este funcionario.

Al ser cuestionado respecto a si habrá despidos masivos en el INE, dijo que es muchísimo personal, razón por la cual ocuparon la Plaza de la Constitución en la movilización del domingo pasado.

“Si por eso hasta llenaron el Zócalo. Tienen viáticos y tienen seguro médico privado y tienen caja de ahorro; tienen fideicomisos especiales. Y cada uno de ellos, cinco, 10 asesores, y auxiliares. O sea, son aparatos enormes”, expuso.

López Obrador propuso que hoy se presente en la conferencia mañanera el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, para que explique los alcances de la Reforma Electoral, con el fin de que la población tenga elementos para elaborar un juicio y no haya, dijo, manipulación por parte de la oposición. 

IIJ de la UNAM ve “herida de muerte”

Ahora que ha sido promulgado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la implementación del Plan B de la Reforma Electoral se traducirá en una “herida de muerte” para el régimen democrático del país, advirtió el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En la edición 64 de la Serie de Opiniones Técnicas sobre temas de Relevancia Nacional, “Radiografía del Plan B: la reforma electoral de 2023 a examen”, diversos especialistas detallaron las múltiples consecuencias que, dicen, habrá no sólo contra el Instituto Nacional Electoral (INE), sino contra derechos constitucionales en esta materia y que se construyeron durante los últimos 30 años.

En el documento se afirma que no es una exageración decir que la reforma “significa el fin de la autonomía constitucional” del órgano electoral.

Esto porque revincula al INE con el Poder Ejecutivo, como en los años de 1990 a 1996, cuando la Secretaría de Gobernación presidía el Consejo Electoral del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), que funcionó entre 1990 y 2014.

“El plan consiste en conseguir, por la vía de las reformas legales, los objetivos primordiales de la reforma constitucional: maniatar al INE y abrir oportunidades al gobierno para intervenir de forma activa en las contiendas y en la administración electoral, asegurando así ventajas competitivas para su partido. De prosperar este plan y organizarse los siguientes comicios federales bajo las leyes propuestas, es muy probable que el régimen democrático quedaría herido de muerte”, se lee.

Los investigadores advierten que los cambios legales para modificar la concepción del concepto “propaganda gubernamental” darán rienda suelta a los servidores públicos para inmiscuirse en las campañas.

Alertan que las células operativas del INE se verán “asfixiadas” porque les será materialmente imposible cumplir con las funciones que realizaban, ante el recorte de personal que sufrirán equivalente a 84.6 por ciento de las plazas.

“Con la modificación para que los módulos pasen a lugares públicos, se advierte que la autoridad electoral estará sujeta a la presión de las autoridades locales y provocará confusión, así como la vulneración de la base de datos del padrón electoral, pues al compartirse en espacios con gobiernos, se vulnerará el proceso de seguridad y protección”, se lee en el documento.

Entre los párrafos, se apunta que, ante tal escenario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará en condiciones de proteger el Estado de derecho y la Constitución que las reformas impulsadas desde el gobierno “vulneran por doquier”.

En el documento realizado por los investigadores del instituto también se destaca que desde 1977 hasta el 2014, todas las reformas electorales habían sido precedidas por “sendos procesos de discusión y participación” de los partidos en la oposición y de amplios sectores de la sociedad civil.

Exconsejeros electorales señalan reforma “plagada” de deficiencias

Exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), aseguraron que, de aplicarse el Plan B en materia electoral en las elecciones presidenciales del 2024, éstas serán un “desastre” debido a que la enmienda tiene, “por todos lados”, deficiencias y desapego a la Constitución.

Benito Nacif aseguró que, luego de la publicación del Plan B en materia electoral en el Diario Oficial de la Federación, se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide la reforma de manera general, por la violación en el proceso legislativo o, en su caso, que se dé marcha atrás por temas, ya que está “plagada” de deficiencias.

En entrevista con La Razón, el exconsejero del INE consideró que la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados se excedió en sus atribuciones constitucionales y marginó a la oposición del proceso legislativo, ya que cuando la iniciativa llegó a San Lázaro, no se llevó a comisiones de trabajo para su dictaminación, sino que inmediatamente se subió al pleno para su discusión y votación.

“Eso viola los derechos de las minorías en el proceso legislativo y, cuando ha ocurrido eso, la Corte invalida el caso. Por ejemplo, los cambios a la Ley de Telecomunicaciones, cuando también se violó a las minorías”, explicó.

Otro tema, dijo, es que se ataquen puntos específicos del Plan B; por ejemplo, el tema de la propaganda gubernamental, que también ha sido materia de pronunciamientos por parte de la Corte, ya que todo el proyecto tiene deficiencias relacionadas con su desapego a la Constitución.

Benito Nacif anticipó que el proceso que sigue de análisis y resolución será muy largo, pues a su juicio el Plan B representa una imposición unilateral de Morena contra la voluntad de toda la oposición, “y ese es el primer aspecto preocupante, ya que habíamos visto que todas las reformas son por consenso de los legisladores”.

Nacif Hernández, quien se desempeñó como consejero desde el 2008 hasta el 2020 y vivió la transición del entonces IFE al actual árbitro electoral, sostuvo que la reforma es una “amputación” contra la operación del INE, ya que implica el despido de más del 80 por ciento del servicio profesional electoral, lo que es una pérdida de capital humano “preocupante”.

“Este personal es básico, ya que da la transparencia y confianza de que los procesos electorales se lleven a cabo de manera exitosa. Además, se pone en riesgo la operatividad en la recolección de los paquetes electorales o los cómputos distritales. Esto puede ser muy peligroso, de cara a los procesos electorales del 2024, que van a ser muy complejos”, agregó el politólogo y docente.

En sus comentarios coincide con Leonardo Valdés, exconsejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral, quien señaló que ahora que entró en vigor el Plan B hay que estar atentos a lo que resuelva la SCJN, porque si no lo echa para atrás, la elección del 2024 “va a ser un desastre”.

Ante la promulgación de la Reforma Electoral en el Diario Oficial de la Federación, lamentó que el primer efecto de este hecho sea la destitución de quien fungiera como secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, a quien él propuso para que ocupara el cargo hace 15 años.

Valdés Zurita ocupó la presidencia del Consejo General del 2008 al 2013, siendo el último presidente del IFE, debido a que la Reforma Electoral de entonces transformó al organismo en INE.

Consultado sobre el Plan B, precisó que no es abogado y por lo tanto no puede opinar en materia jurídica al respecto, pero indicó que, en su experiencia en materia electoral, sí puede afirmar que esta reforma legal no contiene un solo elemento que apuntale los procesos electorales en el país.

“Es una reforma tremendamente regresiva; nos costó mucho trabajo construir las instituciones que (ahora) están derruyendo, como lo dijo el secretario de Gobernación, que se trataba de destazar al INE”, expuso.

Por ello, Leonardo Valdés señaló que se debe estar atento a lo que resuelve el máximo tribunal del país, porque si el Plan B queda firme, va a ser muy difícil que las autoridades electorales lo implementen.

Oposición se declara en “pie de lucha”

Ahora que la segunda parte del Plan B de Reforma Electoral ha sido promulgada para su entrada en vigor, la oposición ya alista más recursos para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que eche abajo el proyecto.

El coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, puntualizó que será hasta la próxima semana cuando acudirán ante el máximo tribunal para presentar la acción de inconstitucionalidad que como minoría parlamentaria tienen derecho a elaborar.

“Estamos listos para ir a la Corte. Hoy me reuní con Moreira y con Jorge Romero. La semana que entra estaremos presentando la acción de inconstitucionalidad los tres partidos. Estábamos esperando la publicación para ver, digamos, los términos finales en los que publicaron el llamado Plan B ¡y por supuesto queremos a la Corte! e iremos pronto para dar tiempo a que pueda resolver lo que ya habíamos interpuesto, y esto que —yo creo— acabará resolviéndolo pues en un solo paquete”, declaró en entrevista.

Las acciones de inconstitucionalidad pueden ser promovidas por legisladores, quienes conformen una minoría parlamentaria de 33 por ciento del total, por lo que para este caso deberán ser 166.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, agregó que ellos consideran que la democracia sí está en peligro y por ello empujarán los recursos legales como legisladores, aunque también se hará lo propio dentro del partido.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, anunció que también preparan una acción de inconstitucionalidad.

A través de sus redes aseveró: “¡NO al autoritarismo de Morena! Vamos a interponer una acción de inconstitucionalidad para echar atrás el Plan B de Andrés Manuel López Obrador”. Dijo que defenderán la democracia, la Constitución y pelearán por las facultades del INE.