Prevén desfonde de 3,714 mdp para 2022

Van en estados por recortes de 60% a árbitros electorales locales

Proyectan para los denominados OPLES presupuesto de 6,221 mdp para actividades ordinarias; tijeretazo alcanza a 4 estados con comicios; esperan ajustes por otros 100 mdp; se salvan los de Oaxaca y Tamaulipas, donde igualmente se renovarán gubernaturas

Organismos Públicos Locales Electorales
Organismos Públicos Locales ElectoralesFoto: Especial
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Gobiernos estatales y congresos locales prevén un recorte por más de tres mil 714 millones de pesos a los recursos que proyectaron los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) del país para su funcionamiento en 2022.

El “tijeretazo” realizado por las administraciones y los legisladores estatales a las autoridades es cercano al monto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para llevar a cabo el ejercicio de la revocación de mandato, por tres mil 830 millones de pesos.

En total, las autoridades de los 32 OPLE del país solicitaron un total de seis mil 221.1 millones de pesos para 2022, para sostener sus actividades ordinarias, sin embargo, los ajustes previstos implican recortes por 59.7 por ciento de ese total, aunque algunos todavía se confirmarán en los últimos días de este año o en enero.

En las 26 entidades en las que no se celebrarán comicios el año próximo, los institutos electorales estatales proyectaron recursos por seis mil 221.1 millones de pesos para 2022 para sus actividades ordinarias, lo que incluyó el financiamiento de los partidos políticos.

Sin embargo, a esos fondos, algunos de los cuales todavía están pendiente de aprobación en los últimos días de este año o en enero, se contemplan recortes por tres mil 480.2 millones de pesos.

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Además, para las elecciones en seis estados, que se celebrarán en el próximo año, los OPLE de dichas entidades consideraron necesario un presupuesto de dos mil 608 millones de pesos.

No obstante, los gobiernos y los congresos estatales ya les pasaron tijera por 234 millones, y se espera que todavía se hagan ajustes por aproximadamente otros 100 millones.

Todos estos recortes son en relación con las propuestas originales que presentaron los institutos electorales locales para la organización de los procesos estatales que se celebrarán el año próximo, que fueron ajustados en los presupuestos gubernamentales y en los que fueron avalados por los legisladores locales de los seis estados en los que se renovarán las gubernaturas.

En el caso de Aguascalientes, los recursos avalados fueron por 85 millones de pesos; sin embargo, se recortaron 32 millones a la solicitud que originalmente planteó el instituto electoral del estado.

En Durango se avalaron fondos por 282 millones de pesos para los comicios para renovar la gubernatura, aunque el ajuste presupuestal para la elección estatal fue de 140 millones de pesos menos.

La misma situación se presentó en Quintana Roo, donde el Congreso local avaló 408 millones de pesos, pero también realizó un recorte a la propuesta original planteada por la autoridad electoral local, que ascendió a 62 millones de pesos.

Donde no se hicieron recortes fue en Oaxaca, que avaló un presupuesto por 640 millones de pesos para la elección a gobernador de 2022, así como en Tamaulipas, que contará con 551 millones de pesos.

Entre los presupuestos más altos para los procesos electorales del año próximo se encuentran Hidalgo, que se estima que contará con 642 millones; sin embargo, todavía está pendiente que lo confirme el Congreso estatal con la aprobación del paquete presupuestal.

En algunos estados en los que no habrá elecciones en 2022, como Veracruz, el recorte que se aplicó se hizo de forma inconstitucional a las prerrogativas de los partidos, a las que redujeron de 399 millones a 194 millones; mientras que en Morelos se quedó pendiente de aprobación el presupuesto de egresos, el cual contemplaba 82.2 millones de pesos para el OPLE.

SCJN admite controversia de AMLO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó a trámite la controversia constitucional presentada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra del acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), por el cual aplaza de manera indefinida el proceso para realizar la consulta de revocación de mandato.

La Comisión de Receso de la SCJN, integrada por las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, fueron las que acordaron conceder “la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo Federal, para los efectos precisados en la parte final del presente proveído”.

En la notificación publicada este lunes, señalaron que: “se tiene por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia”.

El pasado 22 de diciembre, la Corte también admitió a trámite la controversia 224/2021, promovida por la Cámara de Diputados contra el INE, por posponer los procesos para la revocación de mandato, excepto el de la recepción de apoyos recolectados en físico y en digital. En su resolución, el tribunal la que ordenó al órgano autónomo continuar con el proceso de dicha consulta mientras se resuelve el caso.

Además, antes de pasar al retiro, el ministro Fernando Franco González Salas rechazó el recurso 209/2021, promovido por el INE contra el recorte de su presupuesto de cuatro mil 913 millones de pesos.

El ministro señaló que a pesar de los recortes presupuestales, el INE debía realizar la consulta sobre revocación de mandato o, de lo contrario, podría incurrir en responsabilidades administrativas o penales.

Al respecto, la Comisión de Receso aclaró que con esta nueva resolución y la dictada por el ministro Franco, no significaba que el organismo electoral tendría que ajustarse a los recursos que le fueron asignados en el presupuesto para el próximo año, sino que el INE no puede paralizar por completo dicho procedimiento debido a una falta presupuestaria.

Hasta el momento se han presentado tres controversias constitucionales en relación a la revocación de mandato: la primera por el INE; la segunda por la Cámara de Diputados y la tercera por la Consejería Jurídica de Presidencia. Los argumentos de los tres recursos serán analizadas por el pleno de la SCJN posteriormente.

AMLO pide no penalizar a integrantes del árbitro

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no se debe penalizar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que votaron a favor de retrasar la consulta de revocación de mandato por falta de presupuesto, ya que además, consideró, tendrían más excusas para demorar el proceso.

En conferencia mañanera, mostró su desacuerdo sobre la denuncia que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Lorenzo Córdova y cinco consejeros más.

“Pienso que debe ser la Corte, el Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial que resuelva, no penalizar nada. Yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer, porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática, pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse” sostuvo.

El mandatario indicó que será el Poder Judicial el que resuelva sobre el caso y aclaró que la demanda contra los consejeros electorales no fue un tema del Ejecutivo federal, sino del Poder Legislativo.

“No lo considero conveniente, pienso incluso que sirve para que tengan más excusas los consejeros y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad, pero desde luego, es un asunto del Poder Legislativo con el Poder Judicial”, manifestó.

Por otro lado, aplaudió la recolección de más de 10 millones de firmas a favor del proceso y se dijo confiado para que la consulta se realice el próximo 10 de abril: “eso significa que la gente quiere participar, que quiere ser tomada en cuenta”. 

Morenista niega persecución contra el árbitro electoral

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, rechazó que exista una persecución o intimidación contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR). Además, señaló que no pueden usar la autonomía como un “blindaje” que los exima de sus responsabilidades.

En un comunicado, subrayó que el cumplimiento de una obligación legal no puede tomarse como una “persecución” o “intimidación”, mientras que la autonomía no puede ser “un blindaje que exima de responsabilidad a quienes actúan en esos órganos constitucionales”.

Respecto a las denuncias presentadas ante la FGR contra seis consejeros explicó que han salido ya del ámbito de competencia, por lo que la Fiscalía deberá determinar las acciones conducentes.

La presidencia de la Cámara de Diputados presentó una denuncia por coalición de servidores y abuso de autoridad, luego de que el Consejo General del INE aprobó un acuerdo para suspender temporalmente la revocación de mandato por insuficiencia presupuestaria.

Por otra parte, apuntó que se continuarán con los procesos jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para defender el cumplimiento de la Ley Federal de Revocación de Mandato y del Presupuesto de Egresos de la Federación, en espera de la resolución definitiva.

Por separado, el vicecoordinador del PT, Benjamín Robles Montoya, respaldó la denuncia de Gutiérrez Luna.

“En su posicionamiento público el INE pretende distorsionar el contexto de la denuncia aduciendo que es una forma de intimidación y vulneración a su autonomía y que busca convertir un diferendo legal en una persecución penal, pero la autonomía no es una patente de corso, la cual se han empeñado en utilizar para actuar de manera facciosa y contraria a la ley”, acusó.

En un comunicado, apuntó que “quienes verdaderamente vulneran la autonomía del INE son sus propios consejeros cada vez que actúan tendenciosamente en contra de la Cuarta Transformación, haciéndole el juego a la oposición”.

Oposición cierra filas con consejeros del INE

Legisladores del PAN calificaron como un error y una irresponsabilidad la decisión de la presidencia de la Cámara de Diputados de demandar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por su decisión de suspender los trabajos para la consulta de revocación de mandato.

El vicepresidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Santiago Creel, señaló que “el presidente de la Cámara de Diputados cometió un grave error al presentar ante la FGR (Fiscalía General de la República) una denuncia contra consejeros del INE, la cual no acompañamos”.

En su cuenta de Twitter expuso que es imposible que exista un delito en un acto de autoridad legítimo, como es el caso del Consejo General del INE, que se reunió en tiempo y forma para defender los derechos políticos de los ciudadanos.

“Sobre todo cuando la decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Electoral o la Corte. (El INE) ha sido jurídicamente impecable. Se allanó de inmediato a la suspensión que la Comisión de Receso otorgó al presidente de la Cámara de Diputados de continuar los trabajos preparatorios para la revocación de mandato, pese a la insuficiencia presupuestal a la que es sometido”, expresó el legislador.

Es absolutamente irresponsable la actitud del presidente de la Cámara de Diputados que amedrenta por la vía penal a los consejeros del INE. Es una brutal subordinación al Presidente de la República que no debemos pasar por alto

Kenia López Rabadán, Vicecoordinadora de senadores del PAN

Respaldó el pronunciamiento de los consejeros, en el que consideraron la denuncia ante la FGR como una acción injustificada y sin sustento jurídico, la cual busca inhibir la independencia del Consejo General, cuando votan libremente los asuntos de su competencia.

Por separado, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, calificó como irresponsable y un acto de subordinación la denuncia presentada contra seis consejeros del INE por parte del presidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna.

El presidente de la Cámara de Diputados cometió un grave error al presentar ante la FGR una denuncia contra consejeros del INE, la cual no acompañamos. Imposible que haya delito en un acto de autoridad legítimo, como el de la mayoría del Consejo

Santiago Creel, Vicepresidente de la Mesa Directiva

“Es absolutamente irresponsable la actitud del presidente de la Cámara de Diputados que amedrenta por la vía penal a los consejeros del INE. Es una brutal subordinación al Presidente de la República que no debemos pasar por alto”, manifestó.

En conferencia, expuso que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le puso un “estate quieto” al legislador, al señalar que no se debe penalizar a los consejeros que votaron a favor de suspender temporalmente el proceso de revocación.

“No puede ser que haya una falta de institucionalidad a ese grado, el presidente de la Cámara de Diputados se ve que quiere sus cinco minutos de fama, pero qué lamentable que los quiera tener destruyendo las instituciones”, expresó.

El pasado 22 de diciembre, el morenista Gutiérrez Luna interpuso una demanda ante la FGR contra los seis consejeros que votaron a favor de suspender temporalmente el proceso de revocación por coalición de servidores y abuso de autoridad.

Dan respaldo

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, agradeció a los integrantes de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados “por su posicionamiento público, como profesionales del derecho, frente a quienes pretenden usar las denuncias penales para intimidar, amenazar y atacar injustificadamente la autonomía del órgano electoral”.

Esto, luego de que afirmar que las denuncias penales atentan contra la autonomía de la institución y la independencia de sus integrantes.

Piden claridad

Con el #YoNoFirmé, usuarios en redes sociales solicitaron al INE mostrar la lista de quienes firmaron para pedir el ejercicio, ya que dijeron que incluso personas fallecidas fueron registradas. Consideraron que las rúbricas recolectadas por Morena son dudosas, y quieren comprobar que no se hizo mal uso de su credencial de elector.

Con información de Angélica Guerrero, Otilia Carvajal y Daniela Gómez