Concesionarias incurrieron en uso indebido de recursos 

Evento de 100 días de Cuarto Año de AMLO fue propaganda en periodo prohibido: TEPJF

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que concesionarias de radio y televisión debieron tomar medidas para evitar difusión de propaganda gubernamental y personalizada de AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su Cuarto Informe de Gobierno
El Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su Cuarto Informe de GobiernoFoto: Cuartoscuro.
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó que el evento del Presidente Andrés Manuel López Obrador denominado “100 días del Cuarto Año de Gobierno” constituyó propaganda gubernamental personalizada difundida en un periodo prohibido, con uso de recursos públicos.

En sesión pública, la Sala Superior confirmó la resolución de la Sala Regional Especializada que determinó la falta y también sancionó a las concesionarias de radio y televisión.

El magistrado ponente Indalfer Infante Gonzales expuso que el contenido del evento reunió las características de la propaganda gubernamental, que implica dar a conocer logros y acciones de gobierno, con la finalidad de que la población en general tenga conocimiento de las mismas, por lo que su difusión durante la etapa de campañas de diversos procesos electorales locales representa una falta a las normas constitucionales.

“Ha sido criterio de esta Sala Superior que en este tipo de eventos primordialmente se presentan logros y acciones de gobierno, por lo que su difusión en época de campaña electoral está proscrita; de ahí que se actualice la infracción que se recurre”

Indalfer Infante Gonzales, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

La Sala Superior del TEPJF también determinó que las concesionarias de radio y televisión debieron tomar las medidas necesarias para evitar la difusión de propaganda gubernamental y personalizada, ya que están obligadas a salvaguardar los principios y funciones del sistema de comunicación política.

En ese sentido, encontró que “las concesionarias incurrieron en el uso indebido de recursos, ya que son entes de la administración pública que reciben financiamiento público y, por tanto, tienen la obligación de aplicarlos con imparcialidad”.

DGM