Exconsejeros electorales señalan reforma “plagada” de deficiencias

Exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), aseguraron que, de aplicarse el Plan B en materia electoral en las elecciones presidenciales del 2024, éstas serán un “desastre” debido a que la enmienda tiene, “por todos lados”, deficiencias y desapego a la Constitución.

Benito Nacif aseguró que, luego de la publicación del Plan B en materia electoral en el Diario Oficial de la Federación, se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide la reforma de manera general, por la violación en el proceso legislativo o, en su caso, que se dé marcha atrás por temas, ya que está “plagada” de deficiencias.

En entrevista con La Razón, el exconsejero del INE consideró que la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados se excedió en sus atribuciones constitucionales y marginó a la oposición del proceso legislativo, ya que cuando la iniciativa llegó a San Lázaro, no se llevó a comisiones de trabajo para su dictaminación, sino que inmediatamente se subió al pleno para su discusión y votación.

“Eso viola los derechos de las minorías en el proceso legislativo y, cuando ha ocurrido eso, la Corte invalida el caso. Por ejemplo, los cambios a la Ley de Telecomunicaciones, cuando también se violó a las minorías”, explicó.

Otro tema, dijo, es que se ataquen puntos específicos del Plan B; por ejemplo, el tema de la propaganda gubernamental, que también ha sido materia de pronunciamientos por parte de la Corte, ya que todo el proyecto tiene deficiencias relacionadas con su desapego a la Constitución.

Benito Nacif anticipó que el proceso que sigue de análisis y resolución será muy largo, pues a su juicio el Plan B representa una imposición unilateral de Morena contra la voluntad de toda la oposición, “y ese es el primer aspecto preocupante, ya que habíamos visto que todas las reformas son por consenso de los legisladores”.

Nacif Hernández, quien se desempeñó como consejero desde el 2008 hasta el 2020 y vivió la transición del entonces IFE al actual árbitro electoral, sostuvo que la reforma es una “amputación” contra la operación del INE, ya que implica el despido de más del 80 por ciento del servicio profesional electoral, lo que es una pérdida de capital humano “preocupante”.

“Este personal es básico, ya que da la transparencia y confianza de que los procesos electorales se lleven a cabo de manera exitosa. Además, se pone en riesgo la operatividad en la recolección de los paquetes electorales o los cómputos distritales. Esto puede ser muy peligroso, de cara a los procesos electorales del 2024, que van a ser muy complejos”, agregó el politólogo y docente.

En sus comentarios coincide con Leonardo Valdés, exconsejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral, quien señaló que ahora que entró en vigor el Plan B hay que estar atentos a lo que resuelva la SCJN, porque si no lo echa para atrás, la elección del 2024 “va a ser un desastre”.

Ante la promulgación de la Reforma Electoral en el Diario Oficial de la Federación, lamentó que el primer efecto de este hecho sea la destitución de quien fungiera como secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, a quien él propuso para que ocupara el cargo hace 15 años.

Valdés Zurita ocupó la presidencia del Consejo General del 2008 al 2013, siendo el último presidente del IFE, debido a que la Reforma Electoral de entonces transformó al organismo en INE.

Consultado sobre el Plan B, precisó que no es abogado y por lo tanto no puede opinar en materia jurídica al respecto, pero indicó que, en su experiencia en materia electoral, sí puede afirmar que esta reforma legal no contiene un solo elemento que apuntale los procesos electorales en el país.

“Es una reforma tremendamente regresiva; nos costó mucho trabajo construir las instituciones que (ahora) están derruyendo, como lo dijo el secretario de Gobernación, que se trataba de destazar al INE”, expuso.

Por ello, Leonardo Valdés señaló que se debe estar atento a lo que resuelve el máximo tribunal del país, porque si el Plan B queda firme, va a ser muy difícil que las autoridades electorales lo implementen.