15 años de demandas y peticiones

Familiares de víctimas en Pasta de Conchos exigen respuesta a sus demandas

Los familiares de las víctimas en Pasta de Conchos exigieron comenzar el proceso de “solución amistosa” ya que son 15 años de demandas y peticiones que no han sido escuchadas 

pasta de conchos
La mina de Pasta de Conchos permanece cerrada desde el año 2006 cuando se suscitó una explosión que costó la vida de 63 minerosFoto: Cuartoscuro
Por:
  • La Razón Online

Familiares de los mineros atrapados en Pasta de Conchos, Coahuila, en 2006 exigieron al Gobierno Federal dar respuesta inmediata a los compromisos que estableció con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo pasado.

La principal demanda de los padres desde hace años es el rescate de los mineros sepultados tras el incidente del 19 de febrero de 2006, cuando 65 trabajadores quedaron atrapados al derrumbarse la mina.

A través de sus redes sociales los familiares pidieron avanzar para comenzar el proceso de “solución amistosa” ya que son 15 años de demandas y peticiones que no han sido escuchadas por parte de las autoridades. 

Entre las exigencias los familiares de las víctimas en Pasta de Conchos explicaron que se les debe dar información puntual y permitir reunirse con las autoridades para dar seguimiento a los acuerdos asumidos por el Ejecutivo, lo que no ha ocurrido ya que aseguran no hay una política victimal, además de solicitar una reunión con la CIDH:

“Referimos la necesidad de que las autoridades tomen de manera urgente medidas de no repetición, que incluyan acciones estructurales para evitar siniestros como el ocurrido en Pasta de Conchos en 2006”, destacaron los familiares en un posicionamiento público.

La exigencia de no repetición se reiteró, tras los acontecimientos ocurridos en las cuevas de Rancherías Múzquiz, en dónde la inundación de la mina, ocasionó la muerte de 7 mineros, que pudieron ser rescatados en los días subsecuentes, sin embargo aseguraron que se continúan haciendo nuevas cuevas para surtir de carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pese a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) restringió el acceso a las minas.