FGR: No se está persiguiendo a la comunidad científica y académica

El fiscal especializado en Materia de Delincuencia Organizada, Alfredo Higuera Bernal, aclaró que no existe ninguna persecución contra la comunidad científica y académica por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) porque la investigación que se está realizando contra 31 integrantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), es un tema judicial.

“No se trata de ningún atentado, ninguna persecución contra el sector académico esto es simplemente un asunto estrictamente jurídico y penal en el que la Fiscalía General de la República está buscando cumplir con su misión en la que establece la Constitución y la que establece la ley que es investigar y perseguir los delitos”, aseguró en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

El fiscal especializado dijo que la FGR recibió una denuncia en la que se asentó la posible malversación de recursos que originalmente eran para ciencia y tecnología y fueron utilizados para temas personales y privados por parte del Conacyt.

Detalló que entre 2011 y 2018, el organismo transfirió más de 280 millones de pesos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, con lo cual se vieron beneficiados 31 académicos, científicos y exfuncionarios.

¿Qué irregularidades presentó el Conacyt?

El fiscal Higuera explicó que por determinación de quienes dirigían el Conacyt, se le dio una connotación de organismo privado a través de la figura de asociación civil, cuando debiera ser un órgano interno para cumplir con los fines de asesoría, consultoría y opinión.

“La Ley Orgánica del Conacyt habla de la existencia de un foro consultivo con fines de asesoría, opinión, apoyo a la estructura del organismo, sin embargo, por determinación de quienes dirigían se generaron algunas disposiciones en el estatuto orgánico de esa dependencia para darle una connotación de organismo privado a ese foro consultivo, que en todo caso debiera ser un órgano interno […] se crea un ente privado a través de la figura de asociación civil […] y empiezan a asignarse los recursos que en el lapso de varios años arriban a cerca de los 250 millones de pesos para fines de la operación general”, declaró.

Alfredo Higuera Bernal agregó que a través de esta asociación civil, el dinero desviado se utilizó en pagos de salarios, servicios, de viajes, viáticos, insumos y demás.

Comentó que la FGR consideró que el juez Gregorio Salazar no tomó en cuenta todo lo que planteó el Ministerio Público al momento de solicitar las órdenes de aprehensión, por lo que harán un replanteamiento del caso.

“Consideramos en la fiscalía, no cumple (el juez) con un principio fundamental que se debe dar en las decisiones judiciales, que es el del principio de exhaustividad, analizar todos y cada uno de los planteamientos hechos por la representación social de la Federación y en esa medida creemos que se dejó de analizar de manera integral y completa todo lo que planteó el Ministerio Público en el momento de hacer la petición de órdenes de aprehensión”, afirmó Higuera Bernal.

DG & EASZ