PAN advierte por iniciativa priista sobre la GN

La iniciativa de reforma que presentó una diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para ampliar el tiempo de intervención de militares en la Guardia Nacional (GN) pone en riesgo la unidad de la alianza Va por México para las elecciones del 2024, aseguró el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.

Durante la sesión de este viernes en la Cámara de Diputados, la priista Yolanda de la Torre presentó una iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo transitorio a la reforma de la Guardia Nacional del 2019, para ampliar el plazo de intervención de las Fuerzas Armadas hasta por nueve años.

En su exposición de motivos, la priista dijo que la participación de militares ha sido indispensable, pero que “un cuerpo policial sólido y efectivo no se construye de la noche a la mañana; implica procesos largos y complejos, más cuando se requiere para enfrentar al crimen organizado”.

Dado que esto resulta contrario a la moratoria constitucional que acordaron el PAN, PRI y PRD, Cortés Mendoza aseguró que la alianza se ve en riesgo.

“Es un compromiso que hicimos de cara a todas las y los mexicanos, que no se tendría que militarizar el país. Esta iniciativa sigue la ruta de la militarización del país, porque amplía de cinco a nueve años la posible participación de las Fuerzas Armadas en una Guardia Nacional que debe de ser civil y que cada vez vemos más militar”, manifestó, en conferencia de prensa.

En ese sentido, el panista hizo un llamado a los otros dos partidos para que “estén a la altura de las circunstancias” y cumplan el compromiso adquirido, pues sostuvo que el PAN no va a consentir una propuesta como la de la priista.

“Nos sorprendió a todos la iniciativa que presentó esta legisladora del PRI… Con absoluta claridad decimos: no estamos de acuerdo, y, de hecho, exigimos a todos los partidos que conforman la coalición legislativa Va por México, que cumplan su palabra”, exclamó.

Durante la discusión en la que se aprobó la iniciativa que presentó Morena para que la Guardia Nacional quede bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, la diputada se pronunció en contra.

Incluso, manifestó inquietudes respecto a la propuesta, cuando el morenista Juan Ramiro Robledo se encontraba en tribuna defendiendo la iniciativa.

La priista cuestionó la incompatibilidad del proyecto respecto a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conocida como el caso Alvarado Espinoza, que aborda las desapariciones forzadas en un contexto de militarización.

Y analizan emitir acción de inconstitucionalidad

De aprobarse en el Senado, la oposición presentará una acción de inconstitucionalidad en contra de la iniciativa que avaló la Cámara de Diputados, con la mayoría de Morena y sus aliados, para que la Secretaría de la Defensa Nacional asuma el control de la Guardia Nacional. 

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, advirtió que acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerar que esta medida es una “trampa” para el Ejército Mexicano. 

“López Obrador pretende endosar a los militares el fracaso de su estrategia y de las miles de muertes que hay en México relacionadas con el crimen organizado, además de un nuevo intento para vulnerar el federalismo, la autonomía de poderes y la Constitución, ya que en 19 entidades federativas ya hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales, lo cual es uno de los síntomas más graves para comenzar a militarizar al país”, dijo.

El panista manifestó inconformidad al recordar que las diversas bancadas otorgaron su voto de confianza en 2019 para la creación de la Guardia Nacional, de forma que personal militar pudiera integrarla hasta por cinco años para colaborar en sucapacitación y fortalecimiento. 

Sin embargo, dijo, en los primeros tres años de su aprobación se ha hecho “lo contrario al mandato constitucional”. 

Cortés Mendoza mencionó que se ha contravenido a la Constitución desde el momento en que se asignó a un militar al frente de esta corporación cuyo carácter sería civil. 

“Hasta ahora, dicho periodo de tiempo ha sido usado en sentido contrario, para desmantelar las policías civiles federal, estatales y municipales, llevando al país por el camino incorrecto de la militarización y de la fallida estrategia”, mencionó en un comunicado.