IP ven riesgos para inversión y economía

Representantes del sector privado advirtieron que la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que el Ejecutivo envió al Congreso desalentienta las inversiones, afecta a la economía, reduce la competencia y atenta contra el Estado de derecho.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que la posible aprobación de la reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador lastima las finanzas públicas y la economía del país.

Explicó que la iniciativa condena a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de manera irremediable a perder montos crecientes de recursos y a depender de subsidios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para subsistir.

Alertó que la posible aprobación de la reforma eléctrica marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país.

La analista de la calificara Moody’s, Roxana Muñoz, opinó que la propuesta para desaparecer a los reguladores energéticos, como son la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) “reduce de manera manifiesta la transparencia de los costos y operación del sector, afectando con ello la confianza de los inversionistas y deteriorando en forma marcada el marco institucional”.

El también analista de Moody’s, Adrián Garza, estimó que la iniciativa de reforma eléctrica desincentiva la inversión en energía renovable impidiendo que México cumpla sus metas de energía limpia. Además, deja la explotación de litio al Gobierno de México.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que la reforma eléctrica reducirá la competitividad del país al elevar los costos de la electricidad para los hogares y las empresas mexicanas, dañará al medio ambiente y atentará contra el Estado de derecho en un sector clave para la economía nacional.

De aprobarse, agregó, los principales afectados serán los mexicanos, quienes pagarán el costo a las finanzas públicas, ya sea a través de mayores tarifas eléctricas o mediante impuestos que serán necesarios para financiar los mayores costos de generación.

Además, deberán asumir el costo ambiental de apostar por combustibles fósiles en un mundo donde la descarbonización se ha vuelto la norma, y enfrentar las consecuencias de ser un país con menores oportunidades de crecimiento y desarrollo económico, apuntó.

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) pidió analizar a fondo el impacto en la economía nacional y en el consumidor final, de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, así como garantizar la existencia de reguladores con autonomía técnica y de gestión, lo cual es fundamental para la ejecución exitosa de los contratos petroleros firmados con el Estado Mexicano que se encuentran en marcha.