Aval de SCJN para enjuiciar a expresidentes fue determinante: Ricardo Monreal

El aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para enjuiciar a expresidentes fue una decisión determinante en el combate a la impunidad y a la corrupción social y política, afirmó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal tras asegurar que el Poder Judicial es garantía de democracia y Estado de derecho.

En su artículo denominado “Las supremas cortes de justicia en diversos países y su impacto en la sociedad”, estableció que la SCJN no ha dudado en hacer valer la Constitución, por ejemplo, entre poderes locales y federales.

“Sin duda, la Corte deberá seguir siendo la guardiana de la Constitución, es decir, de los derechos individuales, sociales, políticos y democráticos de la población”, sostuvo el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta.

En ese sentido, recordó que la Corte avaló la consulta ciudadana para determinar si el pueblo quiere o no que se enjuicie a los expresidentes de la República u otros responsables políticos, lo cual es un logro determinante en el combate a la impunidad.

Monreal Ávila subrayó que la división de poderes, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se establece con el objetivo de que existan pesos y contrapesos para que los tres se equilibren entre sí y no se presente una concentración de funciones en uno solo.

Afirmó que la independencia del Poder Judicial respecto a los otros dos es fundamental, ya que deben resolver diferendos entre autoridades centrales y locales, y entre mayoría y oposición políticas, hasta cuestiones trascendentes y diversas, como la interrupción voluntaria del embarazo o la participación directa de la ciudadanía en las decisiones públicas.

Detalló que en el mundo existen distintas formas para nombrar a magistradas y magistrados, sin embargo, señaló, siempre existe un componente político en su designación, pues quienes los proponen siempre buscan ciertos valores afines a su política o ideología.

Monreal Ávila indicó que, a pesar de que la Corte es la máxima intérprete de las leyes y pueden interpretar su sentido o significado, no tienen un poder ilimitado, ya que sin el apoyo de las otras dos ramas del gobierno no podrían imponer sus sentencias en un país.

Esto significa que las decisiones de las Cortes Supremas serían letra muerta, por ejemplo, sin el uso legítimo de la fuerza como facultad constitucional del poder Ejecutivo para llevarlas a cabo o instrumentarlas, o sin la liberación de los fondos necesarios por parte del Congreso para el disfrute de un derecho, puntualizó.

ntb