Luchan en Tribunales por apoyos prometidos

A tres años del terremoto que devastó el Istmo de Oaxaca, alrededor de 500 familias afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017 no han recibido la ayuda que prometió el gobierno de Enrique Peña, denunció el abogado Edward Regalado.

Indicó que la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se encuentra en desacato, pues una jueza ordenó concluir el proceso de entrega de ayuda para reconstrucción en Unión Hidalgo y Juchitán.

La Jueza Décima Tercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Ana Luisa Priego, emplazó al titular de la Sedatu, Román Meyer, para que, en un plazo de 10 días, que se cumplieron el pasado 9 de agosto, remitiera las constancias de pago, sin respuesta hasta el momento.

“Lo que hace (Sedatu) es promover prórrogas y presentar pretextos de trámites inacabables; no son capaces de destinar recursos, ya etiquetados para eso”, señaló.

La Razón buscó una respuesta y la coordinación de Comunicación Social de la dependencia señaló que “para no violar el debido proceso, no habrá comentarios”.

Edward Regalado explicó que la Sedatu y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) levantaron un censo para entregar, a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), hasta 120 mil pesos para cada afectado, pero muchos no fueron incluidos, otros no recibieron dinero y unos más, sólo una parte.

Araceli Fuentes deseó que su casa se hubiera caído como las de sus vecinos para que el Gobierno la ayudara; pero como quedó dañada ha tenido que esperar tres años para que la reconstruyan.

“No estuve cuando hicieron el censo, fui a ver a mi hija que estaba sola en Juchitán, su marido salió a trabajar. Cuando regresé me dijeron ‘ya pasaron, ve a ver si te anotan’, pero no quisieron”, relató.

La defensa avanza ganando amparos, pero las autoridades buscan obstruirlos, denunció Regalado: “sistemáticamente impugnan y eso implica seis u ocho meses más de litigio”.

Araceli es una de las casi 500 personas que por la intervención del despacho Regalado y Galindo se ha integrado a dichos censos. Otros han recuperado hasta 150 mil pesos que “misteriosamente” desaparecieron de sus cuentas.

Beatriz Belmont, otra víctima, explicó “los hombres abandonan sus casas para buscar trabajo en otras comunidades o en Estados Unidos, mientras las mujeres se quedan”.

El día del sismo, dijo, estaba en Unión Hidalgo y junto con otras mujeres fundó comedores comunitarios y conoció historias como la suya “nos llamamos ‘sin censar’, porque no nos tomaron en cuenta. A unos les hicieron retiros, les depositaban 120 mil pesos y hubo gente que perdió hasta 105 mil”.

El despacho ha realizado cuatro tipos de amparos colectivos, por un lado solicitó regresar los fondos que fueron retirados de las cuentas; el segundo, para incluir a todos en el censo; un tercero, para reconstruir escuelas, y el último fue promover una alerta sísmica en Villa Unión, en zapoteco, su lengua materna.