Escala violencia en protesta por los 43; agresión a policías deja 11 lesionados

En la víspera del octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la violencia en las protestas por falta de resultados escaló ayer, cuando supuestos normalistas vandalizaron la Fiscalía General de la República (FGR), al lanzar bombas molotov y petardos, y provocar lesiones a los policías capitalinos.

Tras realizar un mitin frente a la institución, un grupo de supuestos estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos lanzó los artefactos caseros, piedras y realizó pintas en las instalaciones.

La protesta había transcurrido de manera pacífica, pero al grito de “esto es Ayotzinapa”, las personas encapuchadas comenzaron a lanzar los objetos, que impactaron en los vidrios de la instancia federal, y por lo menos dos hicieron blanco en la valla de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, que ya resguardaban el sitio.

De acuerdo con las autoridades, 11 elementos de varios cuerpos de seguridad de la SSC resultaron heridos, principalmente por las esquirlas de los petardos y la onda explosiva de las bombas, por lo que fueron trasladados a hospitales cercanos. Horas más tarde se reportaron fuera de peligro.

Pese a la agresión, no hubo detenciones de estudiantes, quienes se dispersaron momentos después y abordaron un autobús que los estaba esperando en las entrecalles próximas a la avenida Insurgentes.

Después, llegó un Grupo Táctico Antibombas, debido a que un artefacto no alcanzó a explotar, el cual fue resguardado. Además, binomios caninos salieron a revisar el sitio para descartar riesgos. En el lugar quedaron vidrios rotos, piedras en el suelo y pintas en las rejas de los costados, donde se leía: “43 de Ayotzinapa”.

Previamente, padres de los normalistas desaparecidos exigieron avances en la investigación, sanción a los responsables y dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos en el 2014.

Emiliano Navarrete, vocero de las familias, acusó a la FGR de bloquear la investigación y encubrir a políticos de alto perfil.

“Venimos a que den la cara y expliquen cómo va la investigación, ya que la Fiscalía es la que ha bloqueado la investigación del caso. Queremos decirle al fiscal que haga su trabajo o, de lo contrario, deje el espacio a alguien más, la FGR no es de él”, aseveró.

El padre de uno de los normalistas mencionó que no van a desistir en exigir el avance de las investigaciones, pues no pueden seguir ocultando la información de lo ocurrido en septiembre del 2014.

Además, señaló que aún hay muchas personas que trabajan en la dependencia, que estaban en la administración pasada, quienes no permiten el avance del caso.

Al tomar la palabra, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, cuestionó a la FGR que no haya detenido a otros 16 militares que, dijo, también están implicados en la desaparición de los estudiantes.

Dictan auto de formal a los Abarca-Pineda

Un juez federal dictó un nuevo auto de formal prisión en contra de José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, Guerrero, por el delito de delincuencia organizada, confirmó el abogado Alejandro Rojas Arellano a La Razón.

El juez segundo de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, Enrique Beltrán Santes, encontró elementos suficientes para presumir que Abarca Velázquez tenía vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos, presunta responsable de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

En este proceso también se le dictó formal prisión por el mismo delito a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, y a Felipe Flores Velázquez, exjefe de la policía municipal de Iguala, pero a él, además, se le imputó desaparición forzada de personas.

Sobre José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, no pesa ya ningún cargo relacionado con la desaparición y muerte de los 43 estudiantes normalistas de la normal rural de Ayotzinapa.

A la pareja se le acusó de delincuencia organizada, por presunto lavado de dinero producto del narcotráfico, aseguró.

José Luis Abarca fue absuelto por el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, en el único proceso legal en que se mencionó al exalcalde de Iguala como responsable en la desaparición de los normalistas, ocurrida el 26 de septiembre del 2014.

“El único proceso que tenía abierto, no ambos sino sólo José Luis Abarca, era la causa 66/2015, radicada en el Juzgado Primero de Procesos Penales Federales de Matamoros, Tamaulipas; es la única causa. Pero la semana pasada, el martes 13, si no mal recuerdo, fue absuelto con respecto al tema de los 43 estudiantes de la Normal. Actualmente no hay ningún proceso que lo relacione con los 43 estudiantes.

“El nuevo proceso, que es la causa 15/2022 en Toluca, no tiene nada que ver con los estudiantes o su desaparición; son temas ajenos a los estudiantes, por lo que hace a José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa”, señaló el abogado.

Explicó que ambos enfrentan seis procesos, pero en todos ellos el delito que les imputan es la presunta complicidad con el grupo criminal de Guerreros Unidos, escisión del cártel de los Beltrán Leyva.

A José Luis Abarca y su esposa los señalan dos testigos protegidos: uno, identificado como Juan, que en realidad es Gildardo López Astudillo, alias El Gil, y Karla, que en realidad es Carlos Leyva, pero ni siquiera son testigos presenciales, sino que son de “oídas”, pues se enteraron por terceras personas de las supuestas órdenes que habría girado Abarca para frenar el paso de estudiantes normalistas al salón donde rendía su informe de actividades María de los Ángeles Pineda, como presidenta del DIF municipal, el 26 de septiembre del 2014.

El abogado subrayó que, con cualquier causa, “buscan evitar que el exalcalde de Iguala salga de prisión”, para evitar que “al Gobierno le truene el caso Ayotzinapa”.

“Se acerca el 26 de septiembre y el Gobierno no tiene algo qué informar, y para tratar de justificar que está haciendo algo, sigue procesando a personas que en algún momento fueron relacionados con el tema de los estudiantes. Los jueces detectaron que no hay ninguna prueba que relacione a mi cliente en los procesos que le siguieron; entonces, eso es una respuesta para evitar que salga José Luis Abarca”, señaló el defensor.

“No hay prueba que involucre en los otros delitos que se hicieron en 2014; todas fueron fabricadas y ahora que empieza a salir absuelto lo quieren mantener en prisión para que no le truene al Gobierno por el problema de que él vaya a salir por el tema del sistema mediático”, apuntó.

El litigante ha pedido a los jueces que manden a su cliente a reclusión domiciliaria o a un hospital, sobre todo porque está en prisión preventiva y no ha sido condenado por ninguna causa, y se encuentra delicado de salud.

A proceso, el 4o militar por el caso Ayotzinapa

Por los delitos “delincuencia organizada y desaparición forzada”, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales, Enrique Beltrán, dictó este jueves auto de formal prisión en contra del subteniente Alejandro Pirita Ochoa, el cuarto militar señalado por el caso Ayotzinapa, así lo confirmaron sus abogados César Omar Gómez y Alejandro Robledo.

En entrevista con La Razón, los abogados informaron que ya presentaran una apelación en contra del auto de formal prisión, al igual que hicieron con los otros tres militares, porque prevalecen las inconsistencias en el proceso, al no proporcionarles toda la información de los expedientes.

“Buscamos echar abajo el fallo del juez que vincula a proceso a los militares”, quienes están señalados en el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, presentado por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, comentaron.

Explicaron que el auto de formal prisión contra Alejandro Pirita se dio un día después de los otros tres militares implicados porque se entregó posteriormente, ya que él se trasladó desde Ensenada, Baja California, y los tiempos así lo establecen.

Afirmaron que sus clientes tienen todas las pruebas para presentarse a las audiencias y demostrar su inocencia, porque nada tuvieron que ver con los hechos que se les imputan.

Suspensión provisional a Murillo por vinculación

Un juez federal otorgó una suspensión provisional a Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), por el procedimiento iniciado en su contra por el caso Ayotzinapa.

El juez en el Reclusorio Norte debe esperar si se concede la protección contra la vinculación a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, una vez que se termine la etapa de presentación de pruebas.

Por lo pronto, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene 48 horas para rendir un informe sobre el caso. Además, se programa una audiencia para el 28 de septiembre, con el fin de analizar si la suspensión es definitiva.

Resolvió que el amparo permite que la FGR realice una investigación complementaria para que se oficialice la acusación y se den a conocer las pruebas, por lo que se debe esperar a que se desahoguen las mismas y se dicte una sentencia definitiva, para conocer si es o no vinculado a proceso en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El 19 de agosto pasado, Murillo Karam fue detenido en su domicilio de las Lomas de Chapultepec y posteriormente trasladado al Reclusorio Norte, siempre en colaboración con las autoridades.

Luego de cinco días (24 de agosto) fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, pues la FGR lo responsabiliza de obstruir la investigación para avanzar en el caso de la desaparición de los normalistas.

Sin embargo, apenas el miércoles su defensa presentó dos demandas de amparo contra la prisión preventiva justificada, así como la vinculación a proceso.

La Oficialía de Partes de la Ciudad de México recibió los dos recursos legales, para ser turnadas posteriormente a alguno de los órganos jurisdiccionales especializados, pues en las demandas Murillo Karam solicitó analizar si ambos actos fueron dictados conforme a derecho.

Al momento, el exprocurador general de la República en la administración de Enrique Peña Nieto mantiene prisión preventiva justificada, debido a que las autoridades consideran que tiene los recursos para salir del país.

Alistan queja penal contra juez que liberó a imputados

El Gobierno mexicano presentará una queja e incluso demandará penalmente al juez Primero de distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien dictó sentencia absolutoria a favor del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, así como de 24 personas relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, anunció Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Por esta situación, se va a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura, e incluso, una denuncia penal. Recurrentemente este juez argumenta cuestiones procedimentales, cuestiones procesales, temas de debido proceso que, en nuestra opinión, no ha sido un debido proceso sino un debido pretexto para no hacer justicia a las víctimas de los hechos de Ayotzinapa, por lo cual se va a proceder en consecuencia”, advirtió Mejía Berdeja.

Aclaró que a pesar de la sentencia absolutoria que dictó el juez Ventura Ramos, los implicados en el caso Ayotzinapa no obtuvieron su libertad porque tenían procesos abiertos por otros delitos.

“Pero, sí señalar, que no es la primera vez que este juez comete este tipo de sentencias absolutorias, en días pasados absolvió a José Luis Abarca por el delito de secuestro y quien también sigue compurgando prisión por otros delitos. Pero, en total, suman 120 libertades absolutorias dictadas por este juez a favor de los acusados”, denunció.

El juez liberó el miércoles a otros 24 presuntos implicados en la desaparición y muerte de los estudiantes, al considerar que no se presentaron pruebas sólidas de su involucramiento, aunque, los detenidos enfrentan cargos por delincuencia organizada y contra la salud. Entre ellos se encuentran expolicías de Iguala y Cocula.