Por nuevo recorte, el INE ve consulta en vilo

El recorte en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para los organismos autónomos, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE), pone en riesgo la celebración de la Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes, advirtió el consejero Ciro Murayama

“El recorte va a impactar directamente en la Cartera Institucional de Proyectos, lo que para el INE significa, por ejemplo, la imposibilidad de ejecutar la Consulta Popular mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como disminuir 870 millones de pesos que serían destinados a la organización del Proceso Electoral 2020-2021.

“Viene un recorte por 870 millones de pesos al INE para 2021, año de la mayor elección. Pero ojo: tampoco se incluyen mil 499 millones de pesos para la consulta popular. Como a los partidos no se les puede reducir, el recorte es a la operación del INE por 2 mil 369 millones de pesos”, advirtió en tarjeta informativa.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala, dijo a La Razón que este recorte obligará al INE a recortar planes o programas, pero lo que sí está garantizada es la celebración de los comicios del próximo año.

Explicó que incluso durante los recortes que se presentaron en el presupuesto 2020, se cancelaron algunos programas como “los centros de monitoreo, que tiene conexión directa con la prerrogativa de los partidos políticos a radio y televisión y la equidad de las contiendas, porque estamos monitoreando que se cumpla la pauta, este año no reemplazamos y lo volvimos a presupuestar, porque es un insumo necesario”.

Zavala coincidió que hay recursos que no pueden recortarse, como las prerrogativas de partidos políticos, que corresponden conforme a la ley, o aquellos que garantizan la operación del INE.

Señaló que tampoco se prevé que pudieran realizar un recorte de los trabajadores “sobre todo ahora que estamos en proceso electoral; las reglas del proceso electoral son muy claras y no podemos bajar estándares de calidad, no podemos arriesgar nada”.

Como INE, expuso, estamos obligados a “garantizar esta función de la realización de las elecciones con los estándares de calidad, también resguardar los derechos de las y los trabajadores del INE y tener un enfoque de reducción de alcances o cancelación de proyectos que no tengan una repercusión directa en los procesos”.