ONU-DH se pronuncia por eliminar la medida

La Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) aseguró que no es suficiente acotar la prisión preventiva oficiosa, pues es su eliminación la que debe materializarse.

Guillermo Fernández Maldonado, representante de la ONU-DH señaló que se debe tener presente que una de las graves consecuencias de la aplicación de esta figura ha sido que muchas personas, especialmente las más desfavorecidas social y económicamente, se encuentran injustamente privadas de la libertad, incluso por más de una década.

“Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas que de manera arbitraria se han encontrado en reclusión en México bajo esta figura”, destacó.

El funcionario indicó que diversos mecanismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, la Relatoría Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y la propia ONU-DH han coincidido en señalar la incompatibilidad de la prisión preventiva oficiosa con los tratados internacionales de los que México es parte.

“La ONU-DH saluda la disposición constructiva y colaborativa de los y las ministros, particularmente de quienes redactaron los proyectos sometidos a discusión, y el valor de la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes secundarias que indebidamente extendieron el marco de aplicabilidad de la prisión preventiva oficiosa”, agregó.

Sin embargo, mencionó que la ONU-DH destaca la oportunidad que se ha perdido para compatibilizar la normativa constitucional con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

En este sentido, la ONU-DH reitera las recomendaciones que indican la necesidad de derogar esta figura del texto constitucional y alienta a asegurar un espíritu de apertura frente los órganos internacionales que tienen competencia para evaluarla a la luz de los compromisos internacionales del Estado mexicano.

La ONU-DH subrayó el hecho de que 9 de los 11 Ministros/as hayan reconocido el daño que representa la aplicación de la PPO.