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Plan B daña derechos políticos, advierten

La oposición señaló que se cierra todavía más el paso para que las mujeres alcancen cargos de elección popular

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Senado de la RepúblicaFoto: Archivo Cuartoscuro
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La oposición en el Senado señaló que además de la violencia que padecen las mexicanas en las calles, con el Plan B de la Reforma Electoral se cierra todavía más el paso para que las mujeres alcancen cargos de elección popular.

En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara alta, Miguel Ángel Osorio Chong, apuntó que en lugar de que la reciente Reforma Electoral fuera más estricta en la postulación de agresores, les abre la puerta.

“No basta la paridad en todo, cuando la violencia política de género ha ido en aumento y difícilmente se sanciona, o cuando se acaba de aprobar un Plan B que cierra el paso para que las mujeres sean candidatas y lo abre a agresores, deudores alimentarios y machos violentos”, manifestó.

Al respecto, el senador perredista Antonio García señaló el incremento en el número de mujeres que fueron víctimas en 2022 de algún tipo de delito, que sumaron 122 mil, mientras que apuntó que en materia política también prevalece la inequidad hacia las mujeres y la violencia política.

Al respecto, la secretaria general del partido del sol azteca, Adriana Díaz, explicó que el Plan B viola los derechos político-electorales establecidos en la Constitución, ya que las modificaciones trasgreden el principio de progresividad y no discriminación, al reducir los espacios de representación que tenían las mujeres.

“Se pueden perder derechos adquiridos al reducir el número de posibles postulaciones (al menos 25), lo cual sería menor al que se obtuvo en 2021 y al eliminar el bloque de competitividad media; además de que el INE ya no podrá intervenir para garantizar el cumplimiento de la paridad”, lamentó.

De igual forma, Díaz Contreras consideró inadmisible que, con el Plan B, la autoridad electoral ya no pueda rechazar candidaturas de personas deudoras alimentarias ni de quienes hayan cometido violencia política en razón de género, violencia familiar o sexual.