Van contra reforma eléctrica por vía judicial

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados demandaron respeto a las decisiones del Poder Judicial.

El grupo parlamentario del PRI emitió un pronunciamiento de “enérgico rechazo a los intentos de intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial. En ningún gobierno democrático es aceptable violar la autonomía de jueces y magistrados, romper la división de poderes y poner en entredicho el Estado de Derecho. Nada ni nadie por encima de la Constitución”.

A través de un comunicado de prensa, los legisladores priistas consideraron que las declaraciones del presidente sobre la decisión de un juez de conceder un amparo contra la reforma a la Industria Eléctrica “sobrepasan los límites constitucionales y legales de su encargo”.

Los legisladores del PRI expresaron su preocupación por la actitud presidencial “lamentamos su intención de amedrentar a un órgano jurisdiccional ante el cumplimiento de sus obligaciones, al otorgar la suspensión provisional contra la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica y las consecuencias derivadas del Decreto”.

Advirtieron que al intentar intervenir en las decisiones del Poder Judicial “lo que está en juego es la prevalencia de nuestra democracia y de la República. Sólo los gobiernos autoritarios pueden considerar un obstáculo el cumplimiento de la Constitución”.

El PRI en la Cámara de Diputados recordó que especialistas jurídicos advirtieron en el Parlamento Abierto sobre la inconstitucionalidad de la Iniciativa Preferente.

Por su parte, Antonio Ortega, a nombre de la fracción parlamentaria del PRD pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga todos los amparos que se presentarán contra la reforma a la Industria Eléctrico Nacional y emita una sentencia que norme el criterio que deberán adoptar en el Poder Judicial.

Ortega Martínez aseguró que se desatará “una oleada de amparos” en contra de la recién publicada Ley de Industria Eléctrica.

“¿Para qué dañar al país con meses de un largo período de incertidumbre, conflicto y polarización cuando pudiéramos evitar estas diferencias?” cuestionó Antonio Ortega Martínez, quien acotó que es el momento oportuno para incorporar a la Suprema Corte en este debate sobre la constitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica.

El legislador perredista recordó que en febrero hubo una resolución de la Segunda Sala de la SCJN en la que los ministros fijaron criterios sobre la libre competencia, pero el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, pretendió evadir esa decisión presentando ante la Cámara de Diputados, una ‘iniciativa preferente’ donde se modifican aspectos fundamentales de la Constitución de la República.

“El Presidente supo de las irregularidades jurídicas, y que habría un alud de recursos de inconstitucionalidad y amparos de todo tipo contra el contenido de su iniciativa”, afirmó Ortega Martínez.

Ortega Martínez también reconoció que en caso de que la SCJN decidiera atraer estos amparos, no hay certeza de su decisión sobre todo porque “pueden generar cierta inquietud tomando en cuenta el proceder de ministros y ministras como Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; Margarita Ríos Farjat; Yasmín Esquivel Mossa, y Juan Luis González Alcántara-Carrancá, quienes han destacado por sus posturas ambiguas en casos de sentencias polémicas”.

Antonio Ortega acusó que “desde hace casi 200 años, el Poder Judicial no había sido tan asediado, presionado, ni tan vilipendiado y ofendido” como ahora.

En este sentido alertó que “una decisión estimulada por presiones y amenazas por el poder y la necesidad del Ejecutivo podría dañar de manera irremediable la estabilidad del país”.