Iglesia empuja con candidatos agenda contra crimen; ve “Estado rebasado”

La Iglesia católica planteará al próximo Gobierno federal siete acciones para restablecer la paz y la seguridad en el país, luego de que consideró que los grupos delictivos han rebasado la capacidad del Estado y no se ha logrado consolidar a las instituciones de justicia que permitan contener el avance de la violencia.

Como parte de las Acciones por la Paz que presentará este lunes a las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y al candidato Jorge Álvarez Máynez, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) destacó que “México está de luto por la crueldad que se vive en su territorio”.

Exigió una mejor coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad para implementar estrategias más eficaces en los territorios; nuevas gobernanzas y participación ciudadana, mediante el establecimiento de modelos inclusivos que promuevan el compromiso por la paz.

De igual manera, la CEM destacó la urgente colaboración con políticos y candidatos para promover la Agenda Nacional de Paz en todos los niveles gubernamentales; identificación y replicación de estrategias exitosas en materia de seguridad, justicia y cohesión social.

Se expresó por la atención a adolescentes en riesgo, a través de programas dirigidos a los jóvenes en secundaria, para prevenir factores de violencia; involucramiento de instituciones educativas en la evaluación y propuesta de programas sociales y estrategias de paz, y creación de grupos de trabajo especializados para influir en la definición de políticas públicas relacionadas con el tejido social y la seguridad.

En el estudio elaborado por la CEM con base en los foros organizados el año pasado con especialistas, académicos y sociedad civil, se estableció que el principal signo de inseguridad es el control territorial que tienen las alianzas criminales para hacer negocios ilícitos, situación que amenaza la vida democrática del país, alertó.

“Estas alianzas controlan desde tianguis y mercados, hasta bosques y empresas mineras, pero también a policías, alcaldías y fiscalías. Estamos delante de un Estado rebasado y que requiere de la participación social para hacer frente a esta realidad”, agregó el Episcopado.

Indicó que “los grupos delictivos rebasan en armamento a las policías. Los ministerios públicos no tienen la capacidad de investigar y resolver los delitos”.

En ese sentido, dio a conocer que sólo en 2023 se registraron en promedio 92 asesinatos diarios y 26 desapariciones; se han hallado más de tres mil fosas clandestinas.

La Agenda Nacional de Paz también propondrá a las próximas autoridades locales, con el fin de construir condiciones para reconstruir el tejido social, mejorar la seguridad y la justicia en nuestro país.

Impulsar el apoyo hacia las víctimas de la violencia; generar espacios de diálogo interinstitucional para la construcción de la paz; promover procesos de salud mental en las familias y comunidades para atender las secuelas de las violencias, y en las escuelas una educación para la paz y ambientes que ayuden a una mejor convivencia social.

Además, establecer programas de prevención y atención de las adicciones, participación ciudadana en el diseño e implementación de las políticas de seguridad; recuperar el liderazgo de las policías municipales y comunitarias, así como retomar los espacios públicos.

El Episcopado Mexicano alertó que la violencia se ha naturalizado en muchas regiones del país, donde han surgido innumerables testimonios de crueldad y barbarie que, dijo, son inaceptables y sólo muestran una ruptura de los valores básicos de la convivencia y la humanidad.

Expresó su preocupación por el involucramiento de la niñez con el crimen organizado, la trata de personas y la violencia hacia las mujeres. Aunado a lo anterior, indicó, se suma el hecho de que la población tiene la percepción —muchas veces correcta— de que las fuerzas de seguridad pública tiene nexos con la delincuencia.

En ese contexto, enfatizó que la militarización del país en tareas de seguridad no dio los resultados que se esperaban, por lo que se pronunció por regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles y que las labores de prevención y disuasión vuelvan a estar en manos de autoridades civiles.

“Hay elementos para sostener que el despliegue de la Guardia Nacional no ha logrado contener ni reducir la violencia en el país: ha aumentado la criminalidad organizada en múltiples facetas, desde el narcotráfico, hasta extorsiones, secuestros, sicariato, control de los flujos de migrantes; perjudicando sobre todo a las poblaciones más vulnerables”, aseveró.