Ramírez Bedolla: Con reforma, se combate impunidad en la extorsión en Michoacán

Con la reforma al Código Penal, impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se combate la impunidad en la extorsión, lo cual se ha reflejado en el incremento de la denuncia de este delito en 222 por ciento en el periodo de enero a junio del presente año, en comparación con el mismo periodo del 2022.

De esto se desprende que de 32 denuncias presentadas pasó a 103 en el primer semestre del 2023, lo cual se traduce en 71 denuncias más.

En el caso de las carpetas de investigación creció 328 por ciento, ya que en este mismo periodo de medición se registran 30 carpetas de investigación, mientras que en 2022 apenas se contabilizaron siete. Las carpetas judicializadas de marzo, mes que entró en vigor la reforma, a la fecha son 10 y las personas vinculadas a proceso 19, a quienes se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El mandatario estatal dijo que en el municipio de Uruapan se frenó a tiempo el intento de extorsión en el comercio de la tortilla y el transporte público, porque “se interpusieron las denuncias por parte del gobierno estatal, se hicieron las investigaciones y resulta que las extorsiones venían de otros estados, porque este tema no tiene fronteras”. Y en el caso de los limoneros, señaló que ya se presentó la denuncia.

Ramírez Bedolla expresó que “estamos combatiendo la impunidad que por años existió. Lo que buscan los delincuentes es que no se denuncie, por eso modificamos el código penal, así que si no denuncian los afectados lo haremos nosotros para tener resultados”.

Explicó que estas cifras positivas son el resultado de la reciente reforma al Código Penal local, en donde quedó contemplado dentro del capítulo relacionado con la paz de las personas, cuando anteriormente se incluía sólo dentro de los delitos patrimoniales, lo que ahora permite interponer la denuncia de forma anónima.

El gobernador michoacano detalló que el nuevo tipo penal establece la llamada “acción pública”, en donde basta que la autoridad se entere de la posible comisión del delito, para que se inicie de oficio la investigación cuando se detecte afectación a las actividades económicas o productivas.

Puntualizó que, entre otras modificaciones a la ley, se logró que la extorsión se equiparara al delito de secuestro y se eleva la pena de 15 a 25 años de prisión, incluye extorsiones cometidas por medios electrónicos o nuevas tecnologías y obliga a los servidores públicos a denunciar de forma inmediata.

Leo