Revisión de reclusiones con inconsistencias llega a NL

A través de organizaciones de la sociedad civil, que han presionado a las autoridades a cumplir una “justicia pronta, expedita y gratuita” para la población más vulnerable, ahora la revisión de casos de personas en situación de reclusión “de manera injusta, por inconsistencias en sus procesos”, será replicado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 2 en Apodaca, Nuevo León, anunció el abogado Carlos Gómez Álvarez Tostado.

En entrevista con La Razón, el también presidente de Ciudadanos por México, recordó que Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), visitó este Cereso de Apodaca en febrero pasado para verificar la situación en la que están los internos, así como revisar casos de personas que, por un mal proceso, están recluidas de manera irregular.

Aseguró que varias organizaciones civiles se reunieron con la ministra Ríos Farjat para analizar la situación que hay en ese penal y se determinó replicar lo impulsado por el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, en la capital.

El activista de Ciudadanos por México recordó que la Corte suscribió un convenio con el Instituto Federal de la Defensoría de Oficio (IFDP) para ayudar a quienes en muchos casos “tuvieron una mala defensa, una lentitud en el procedimiento, fallas en la elaboración de sus carpetas de investigación y están mal procesados”.

Gómez Álvarez Tostado consideró que esta acción es de gran ayuda, pero no es suficiente, puesto que, “como sociedad civil, nuestra tarea será apoyar este tipo de proyectos para que se logre la verdadera justicia. Asimismo, trabajar con las barras de abogados, las escuelas y las facultades de derecho a nivel nacional y entonces hacer una fuerza para lograr que la justicia llegue a muchas personas”.

De acuerdo con datos del Observatorio de Prisiones, en México actualmente hay 226 mil 916 personas recluidas; es decir, el sistema penitenciario del país tiene una tasa de ocupación mayor al 100 por ciento. Hay una sobrepoblación de nueve mil 787 personas internas y 126 centros con sobrepoblación.

De la población total, el 94 por ciento son hombres y el seis por ciento, mujeres; 92 mil 595 personas que están recluidas no tienen sentencia, lo cual representa el 40.8 por ciento en calidad de prisión preventiva.

Con estos datos, Gómez Álvarez expuso que el Estado ha decidido encerrar en la cárcel a miles de personas sin sentencia.

En su mayoría son mujeres y hombres con escasos recursos, privados de su libertad por el delito de robo de algún alimento, con educación básica, en edad productiva y con dependientes económicos.

En estos casos, en vez de reducir la violencia, la cárcel la multiplica y la exacerba entre ellos, consideró. Peor aún, dijo, “existe un número alto de casos en los que los procesos se han quedado anquilosados por la falta de seguimiento al procedimiento o por la falta de una defensa correcta”.

Abundó que existen muchos vicios de origen en las carpetas de investigación, pues son armadas de manera incorrecta y de ahí pasan a una defensa; van mal elaboradas, porque no les dieron la adecuada defensa, no se respetó la presunción de inocencia de las personas.