Con cuatro votos en contra y uno a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto de sentencia que obligaría al Congreso de Veracruz a modificar el Código Penal local para despenalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas bajo cualquier causa.

El caso fue presentado por el ministro Luis González Alcántara Carrancá, y planteaba hacer que el máximo tribunal del país declarara violatoria de los derechos reproductivos de las mujeres a la actual legislación veracruzana; sin embargo, durante la sesión, los ministros echaron para atrás la moción.

“En Veracruz existe una legislación en materia de aborto y en este caso no hay un mandato específico que obligue al Congreso a legislar de cierta forma. Lo que hay son normas que prohíben la discriminación, por tanto la Suprema Corte no puede ordenar a las y los diputados una modificación específica”, expuso la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

“La prohibición absoluta de interrumpir el embarazo es contraria al umbral de protección que corresponde a todas las mujeres, especialmente a la luz de su derecho a la salud y de su dignidad”, aseveró el ministro. Y agregó que es imperativo estudiar las normas que las afectan.

Este acontecimiento se suma a una serie de fracasos, a escala judicial, de los esfuerzos para hacer que el aborto deje de considerarse un delito en el país y se respete el derecho de cada mujer a decidir, como ya ocurre en Oaxaca y Ciudad de México; desde otra óptica, también representa una victoria para activistas que defienden la vida desde la concepción.

Tras conocerse el fallo, ayer, un nutrido grupo de manifestantes pro vida, ante la sede de la Suprema Corte, celebró con rosarios y pañuelos azules en mano —contraparte del pañuelo verde, símbolo con el que mujeres pro aborto protestan para exigir sus demandas—.

La resolución llega también en un momento en el que los registros nacionales indican que en los primeros seis meses del año, 316 mujeres se encuentran bajo investigación penal por abortar.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Nuevo León tiene la mayor cantidad de carpetas abiertas contra mujeres que optaron por interrumpir su embarazo (52, cinco más que en mismo periodo del año pasado).

El resto de las entidades reporta 19 o menos carpetas por este delito, de acuerdo con el último informe del SESNSP. 

Adriana Jiménez Patlán, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México, explicó a La Razón que si bien se abren carpetas de investigación contra mujeres por abortar, éstas no terminan en sentencias; sin embargo, dan pie a que las autoridades abusen de su poder y extorsionen a quienes ya de por sí cargan con un estigma.

“La criminalización va también en tratar de sacarles dinero, mantenerlas con un proceso abierto. Es muy grave”, destacó.

En junio, el Congreso de Hidalgo aprobó la Ley de Amnistía que otorga libertad a sentenciadas por “delitos menores” como el aborto, una medida que pretende evitar que sigan sometidas a procesos. 

Jiménez Patlán acusó que la criminalización de quienes abortan “es más grave en ciertos estados”; puso el ejemplo de Nuevo León, donde, dijo, ha habido muchos intentos de políticas antiderechos de las mujeres, que las estigmatizan.

“No quieren que aborten, pero tampoco que haya educación sexual que aborde métodos anticonceptivos o relaciones sexuales consensuadas”, lamentó.

En mayo, Nuevo León aprobó reformas para que desde la educación básica se promuevan valores antiaborto; esto se suma a una reforma que establece el derecho a la vida desde la concepción. 

Verónica Esparza, del Grupo de Información en Reproducción Elegida, reprobó que la mujer mexicana esté expuesta a una doble criminalización: la del Estado y la de la sociedad. “Aunque no lleguen a prisión el estigma continúa. Muchas veces las carpetas inician por denuncias (de personas) que por desconocimiento dan aviso a las autoridades”, dijo.

EL TEMOR A SER JUZGADAS

 Irma, de 27 años, quien abortó a los 18, no contaba con los medios para hacerse cargo de una nueva vida. Ahora, casi una década después, la joven odontóloga se suma a las voces que exigen que el aborto sea un derecho para las mujeres, que “tengamos oportunidad de realizarlo de manera legal, para evitar poner en riesgo nuestro cuerpo y nuestra vida”.

“Me dañó psicológicamente porque pensaba que había hecho algo malo”, dijo, después de contar que hubo muchas personas que la alentaron a abortar en sitios clandestinos.

Aunque en México, la única causal que se considera para que la interrupción del embarazo sea legal en todas las entidades es cuando el embarazo es producto de una violación sexual, “el acceso muchas veces es precario o nulo,”, dijo Verónica Esparza, por lo que resaltó que los avances en la materia son “lentos”.