Prisión preventiva: Corte la quita sólo en delitos fiscales

A pesar de que la mayoría de ministros reconoce que el carácter automático de la prisión preventiva oficiosa ha derivado en violaciones a los derechos humanos, por desacuerdo de seis de ellos no se alcanzó la mayoría calificada para acotar dicha figura, por lo que se mantiene su aplicación.

Únicamente, con mayoría de nueve votos, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto del 8 de noviembre del 2019, mediante el cual los delitos de contrabando, defraudación fiscal y falsificación de facturas fueron establecidos como meritorios de esta medida cautelar.

Derivado de dicho decreto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y un grupo de senadores de oposición, como la panista Kenia López Rabadán, los priistas Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong, y el perredista Miguel Ángel Mancera, promovieron acciones de inconstitucionalidad contra los cambios que se hicieron a las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, de Seguridad Nacional y del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

En noviembre y diciembre de ese año, la Corte admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad, cuya resolución quedó a cargo del ministro José Fernando Franco González Salas, pero su proyecto fue desechado el 25 de octubre del 2021 y, en consecuencia, dos días después le fue asignado al ministro Luis María Aguilar Morales.

A pesar de que las normas impugnadas sólo se abocaron a los delitos fiscales, el ministro propuso que se analizara el entendimiento de la prisión preventiva oficiosa (PPO) para poder dar una respuesta integral.

En el primer proyecto presentado en septiembre de este año, sugirió “inaplicar” la medida contemplada desde el artículo 167 del CNPP (impugnado por la CNDH y senadores), y, en consecuencia, también desde el artículo 19 de la Constitución.

Esto no fue avalado por la mayoría de ministros, quienes argumentaron no estar a favor de intervenir en la Carta Magna, a pesar de considerar los efectos “negativos” a los derechos humanos de esta forma de prisión aplicada en automático.

El ministro elaboró una segunda propuesta para que el carácter automático de la PPO fuera acotado, mediante la interpretación de la propia Constitución que deberían hacer los jueces, al analizar caso por caso de las personas detenidas y argumentar exhaustivamente la aplicación de la medida cautelar en su contra, de forma que se privilegiaran sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia.

Sin embargo, la metodología que propuso sólo fue acompañada, con salvedades, por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek.

No obstante, Ríos Farjat advirtió que esta “solución” implicaría una sobrecarga de trabajo para los juzgados, pues ejemplificó que, si en un estado hay cuatro juzgados y 200 casos para revisar la aplicación de la PPO, no tendrán tiempo ni recursos humanos que alcancen para dar salida a los asuntos dentro de las 48 horas que marca el artículo 162 del CNPP.

La ministra Yasmín Esquivel defendió la PPO, por considerar que es una medida que protege a las víctimas de sus agresores en delitos de alta peligrosidad, en tanto que Loretta Ortiz llegó a un punto de confusión en el que dijo estar en contra de invalidar el artículo 19 constitucional, cuando esto no estaba dentro del proyecto, tal como se lo aclaró con inmediatez el ministro ponente Aguilar Morales.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, calificó la propuesta como “insostenible”, pues la Constitución indica que los jueces deben ordenar la PPO ante determinados delitos y no establecer un análisis para decidir si se aplica o no, aunque reiteró que esta medida vulnera las libertades y derechos de grupos vulnerables y castiga la pobreza, mas no la delincuencia.

Antes de levantar la sesión, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió uno de los asuntos más importantes en su historia, con autonomía e independencia.

“Señoras y señores ministros: concluimos uno de los asuntos más importantes y relevantes de la historia de esta Suprema Corte, como lo venimos haciendo. La Corte ha demostrado una vez más que actúa con autonomía y con independencia, y que cada una de las ministras y los ministros votamos y argumentamos en absoluta libertad, de acuerdo a nuestras convicciones, a nuestro entendimiento de la Constitución y de los derechos humanos que tenemos como misión proteger.

“La Suprema Corte, más allá de lo que se diga de manera malintencionada, demuestra una vez más estar a la altura de lo que requiere y exige el pueblo de México”, subrayó el ministro presidente.

Ejecutivo insiste en que el PJ necesita una reforma

La colusión de autoridades con organizaciones criminales ya se ha reducido y puede existir en el ámbito municipal, pero donde persiste esa situación es en el Poder Judicial, acusó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No ha habido, hasta ahora, estos evidentes acuerdos de autoridades estatales, a lo mejor a nivel municipal, pero ya no es un asunto generalizado. Donde tenemos todavía muchos problemas es el comportamiento de los jueces, del Poder Judicial, y vamos a seguir haciendo la denuncia porque siguen los sabadazos.

Yo espero que se actúe, que el Poder Judicial tome esto como algo prioritario, el Consejo de la Judicatura (...) es un problema estructural, pero hay que atenderlo, puede salir del poder judicial una reforma en ese sentido porque hace falta y no es ánimo de estar socavando la credibilidad del Poder Judicial”, dijo.

El mandatario criticó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de asuntos como prohibir a autoridades la colocación de nacimientos o símbolos religiosos en espacios públicos.

“¿Para qué se meten con las traiciones y costumbres del pueblo por qué no se meten con esto que tratamos?”, cuestionó al hablar sobre las resoluciones que han puesto en la calle a presuntos criminales.

Aunque dijo que no puede intervenir, tampoco puede actuar el Legislativo, sino que debe ser regulado por el propio PJ.

“Y no es ánimo de estar socavando la credibilidad del Poder Judicial, porque no se puede también generalizar, es en algunos casos, pero sigue presentándose ese problema. Y no se inicia ningún proceso de investigación, y la Judicatura es para eso, es el Poder Judicial dentro del Poder Judicial”, advirtió.

fgr