PAN se divide

Senado aprueba reforma al Poder Judicial

Se aprobó con 71 votos a favor; "con esto vamos a consolidar el presidencialismo en el Poder Judicial", dijo el senador Germán Martínez

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Cámara de Senadores.Foto: Cuartosocuro
Por:
  • Jorge Chaparro

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular las reformas constitucionales para modificar al Poder Judicial de la Federación.

Con 71 votos a favor y 13 en contra, los senadores alcanzaron la mayoría calificada para dar el visto bueno a la que dijeron, será la primera de varias reformas al Poder Judicial. Se envió a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación y después tendrá que recibir el apoyo de 17 entidades para que tenga efectos.

Germán Martínez senador de Morena se manifestó en contra de la reforma pues advirtió que en realidad provocará un empoderamiento del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convirtiéndolo en un “monarca”.

“Con esto vamos a consolidar el presidencialismo en el poder judicial, yo no quiero un monarca en el Poder Judicial”, dijo el senador de Morena.

“Se premia lealtades a consejeros jurídicos de la presidencia de todos los sexenios. Se premia a gobernadores, a líderes. Se pone la carrera judicial al servicio del dinero y del interés público y no somos iguales, eso decimos en Morena. 

"Yo no quiero ser igual, mientras Andrés Manuel López Obrador dice que la corrupción es lo más grave que ha dañado a México, nosotros hoy estamos dejando pasar una oportunidad para poner un verdadero régimen de designación de jueces, transparente, limpio, imparcial, profesional, meritocrático. Ni siquiera tocamos a los jueces electorales, ni siquiera tocamos al TEPJF, un buen juez por su casa empieza y hay jueces que no quieren que toquemos la casa de los jueces, hay jueces que no quieren que limpiemos la casa de los jueces”, advirtió Germán Martínez

Por su parte, Dante Delgado advirtió que no votaría a favor del dictamen que se presenta porque sí representa la concentración de poder en el presidente de la SCJN, pero además porque se trastocan instrumentos que tienen las entidades federativas para ser un contrapeso de las autoridades federales.

“Es una reforma antifederalista con la que se corre el riesgo de cancelar la posibilidad de que estados y municipios no puedan presentar controversias constitucionales”, destacó Delgado Ranauro.

Mediante estos cambios que se propusieron por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que fue adoptada por el presidente de la República y presentada al Senado, se buscan 10 objetivos fundamentales: consolidar la carrera judicial, limitar la discrecionalidad de nombramientos, establece reglas para adscripción y ratificación de jueces, combatir el nepotismo, impulsar la capacitación y la carrera judicial, fortalece a la Defensoría Pública, crea Plenos Regionales en sustitución de Plenos de Circuito, transforma los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales de Apelación y modifica el sistema de jurisprudencia.

Los legislados aprobaron en la comisión cuatro cambios al dictamen y tres previsiones para la instrumentación de esta ley que deberá pasar al pleno para su discusión y aprobación final.

Entre los cambios propuestos se adicionó que la SCJN mantiene la facultad de revisar los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y también sobre la designación de jueces o magistrados, su remoción o ratificación.

También aprobaron que el CJF tenga facultades para conocer de violaciones graves a derechos humanos.

Los senadores aprobaron que se mantenga el Amparo Soberanía, conocido así porque protege contra normas generales o actos de autoridades federales que afecten la soberanía de los estados y cuando las entidades federativas invadan la competencia federal.

Se eliminó la restricción para promover controversias constitucionales cuando no se trate de violaciones directas.

Además, las comisiones del Senado aprobaron que la entrada en vigor de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los plenos regionales entren en vigor hasta que se tenga lista la legislación secundaria.

En el caso de los Tribunales de Apelación, se fijó un plazo de 180 días para concluir la transición.

JVR