En Tijuana, Baja California
Un albergue caracterizado por contar con casas de campaña en vez de habitaciones en Tijuana, Baja California, está en riesgo de desaparecer, toda vez que el Gobierno estatal dejó de darle apoyo económico y las deudas para mantenerlo crecen.
El lugar se encuentra a las orillas del centro de esa ciudad, en un predio alquilado, donde pernoctan 130 indocumentados con la esperanza de alcanzar el sueño americano.
José María García Lara, director del albergue Juventud 2000, dijo que los adeudos ascienden a 32 mil pesos y corresponden a 20 mil pesos de renta y 12 mil de luz, que arrastra desde hace un mes, pues, precisó, ya no recibe los 500 mil pesos mensuales que la administración pasada le entregaba en pro de dicho grupo vulnerable.
“No hay recursos del Gobierno y eso se presta para que empecemos a manejar otro tipo de reglamento para aprovechar el recurso económico. A nosotros nos critican por vender ropa en el mercado, pero lo hago para apoyarme en gastos como luz, agua, renta, teléfono y gas. Yo me gasto un tanque de gas cada semana para la estufa, cada 25 días un tanque estacionario que vale tres mil 500 pesos que nadie me paga”, comentó a La Razón.
“Uno de mis mayores problemas son las casitas, porque se rompen porque acumulan ropa adentro que luego tiran. Cuando se acumula ropa voy al tianguis cada fin de semana y me sirve para comprar el gas; así lo voy sosteniendo”
José María García Lara
Director del albergue Juventud 2000
Los migrantes que se encuentran en dicho refugio podrían quedarse en la calle debido a la falta de recursos para mantener las operaciones del lugar. “Ya se me viene un problema, porque ya no tengo para pagarla (la renta) y no sé qué voy a hacer; no sé si vaya a cerrar”, añadió.
Brindar atención a cada migrante tiene un costo mínimo de 70 pesos por persona, sin considerar servicios, pues 35 pesos se erogan en desayuno y otra cantidad igual en cena.
De acuerdo con García Lara, se asigna una casa de campaña por persona o familia y se procura que los refugiados permanezcan máximo dos meses en el albergue, pues algunos piensan que su estancia será permanente y no es así.
“A veces los migrantes no entienden que sólo es un lugar de paso y no un hogar permanente. Cuando la gente permanece mucho tiempo se va perdiendo ese orden. A mí a veces me pasa que entre más tiempo les das parece que se les olvida que el lugar es de paso y no para hacer permanencia, con lo cual en algunos casos se pierde la comunidad y sólo buscan irregularidades, y ya se ve como una obligación estar ahí”, indicó.
A decir del director, el refugio funciona mediante un registro de los migrantes que recibe, a quienes les solicita una identificación oficial; además, coteja la identidad de los menores con el DIF estatal.
La convivencia, sin embargo, no suele ser tersa en todo momento. “Aquí hemos tenido diversos problemas, incluso los mismos migrantes me han increpado por mandarles a hacer algo, pedirles algo o simplemente por llamarles la atención, pues ya lo ven como una obligación (su estancia en el lugar)”.
Por otra parte, dijo que para tener un mayor control de los asilados que se encuentran en el lugar cuenta con una cámara de videovigilancia, con el objetivo de evitar robos. “Tengo cámara de circuito cerrado para verificar las cosas que pasan, pues a veces hay gente que tiene malas intenciones y es muy difícil de identificar. En muchas ocasiones no sabes qué tipo de gente tienes adentro porque tampoco puedes estar investigando a nadie”.
Esa medida ha ayudado a localizar celulares que se pierden y con la ayuda de las cámaras se ubica a los responsables, quienes no son exhibidos, pero terminan por irse, y dejar una casa de campaña para alguien más que la necesite.
[caption id="attachment_953369" align="alignnone" width="696"] Migrantes se resguardan en el predio, en casas de campaña, ayer. Foto•Jorge Butrón•La Razón[/caption]
Comar atrasó 8 meses admisión de asilados: CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) por violaciones a los derechos humanos, la seguridad jurídica, legalidad y al interés superior de la niñez, en agravio de 112 personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado.
La Recomendación 38/2019 enviada al coordinador general de dicha instancia, Andrés Alfonso Ramírez Silva, estableció que hubo un retraso de uno a ocho meses para determinar si era admitida o no la petición, tiempo durante el cual las personas permanecieron sin documentos que acreditaran su condición de solicitante de asilo.
Por ello, la CNDH recomendó reparar los daños causados a las víctimas, incluyendo atención psicológica y asesoría jurídica en términos de la Ley General de Víctimas.
Además, el organismo deberá colaborar en la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación en contra de cuatro servidores públicos.
Con información de José Gerardo Mejía
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