HARRISBURG, Pensilvania — Cuando finalmente reanudaron las inspecciones de rutina en clínicas de abortos el año pasado, tras una pausa de 15 años, las autoridades de salud estatales ordenaron a 14 de los 22 centros independientes que remediaran problemas, de acuerdo con archivos.
Pero ninguna de las condiciones halladas se parecía remotamente a las operaciones inmundas e ilegales descritas en la hoy clausurada clínica para mujeres de Filadelfia dirigida por un médico que enfrenta ocho cargos de homicidio relacionados con su trabajo en el lugar.
El jurado que investigó al doctor Kermit Gosnell, a su esposa y a otros ocho trabajadores de la clínica, hizo duras críticas la semana pasada al sistema de salud de Pensilvania y a las autoridades médicas por permitir que las condiciones existentes en la clínica de Gosnell persistieran por años.
Los fiscales dijeron que hubo "un completo colapso regulatorio" por permitir que se realizaran rutinariamente abortos tardíos en mujeres pobres, la mayoría de ellas pertenecientes a minorías. Describieron una "casa del terror" con fetos muertos, pisos y muebles ensangrentados, bebés desmembrados conservados en frascos y personal con poco o nulo entrenamiento que fungía como doctores y enfermeras.
Los fiscales dijeron que por lo menos dos personas murieron y cientos de bebés fueron asesinados clavándoles tijeras en la columna vertebral; Gosnell fue acusado de asesinato por las muertes de una mujer y siete bebés que nacieron vivos. Quedó bajo arresto sin derecho a fianza.
Las inspecciones cesaron en 1995 y no fue sino hasta febrero del 2010, cuando un operativo antidrogas reveló las condiciones en la clínica de Gosnell, que el Departamento de Salud estatal reanudó sus inspecciones.
Las deficiencias más comunes halladas por los inspectores en las otras clínicas de aborto, de acuerdo con registros obtenidos por The Associated Press, fueron que no se reportaron apropiadamente condiciones médicas que calificaban como "eventos graves" y no se tuvo equipo de resucitación al alcance. En algunas no se hacían pruebas de química sanguínea.
Las nuevas inspecciones resultaron en el envío de cartas a seis clínicas de Pittsburgh, cinco en Filadelfia, tres en Allentown y otras en East Liberty, Upland, York, West Chester, Harrisburg, Reading, Norristown y Warminster. Ocho de las cartas decían que las clínicas operaban con pleno apego a la ley estatal.
"Queremos tener los más altos estándares médicos, así que bienvenidas sean las inspecciones", dijo la directora ejecutiva del Centro para la Mujer de Allentown, Jennifer Boulanger. "Pensilvania tiene buenos reglamentos, sólo que no eran aplicados todos los años".
ams
