En la Venezuela de Nicolás Maduro cada vez hay menos libertades. Ahora el gobierno promueve una campaña en la que se prohíbe hablar mal del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, y del gobierno actual. Así lo denunció ayer el diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup.
Según el extitular del Congreso, la empresa eléctrica del Estado, Corpoelec, fijó un cartel en el centro de pago El Viaducto en Valera, estado Trujillo, que dice: “Aquí no se habla mal de Chávez, ni del gobierno”. En ese sentido, el Secretario General Nacional de Acción Democrática expresó que los altos funcionarios del gobierno “tendrán que silenciar al 99 por ciento de los venezolanos”.
El cartel surge por una acción del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien pretende impulsar una campaña denominada: “Aquí no se habla mal de Chávez”, según expuso el dirigente chavista el pasado miércoles en la noche, durante su programa de televisión Con El Mazo Dando.
“Si usted trabaja en un ministerio, es secretaria y usted puso en su escritorio que allí no se habla mal de Chávez, todos los jefes para arriba tiene que ponerlo también”, aseguró.
Según el número dos del chavismo nadie que haya sido beneficiado con programas sociales del gobierno tiene derecho a quejarse: “Quien recibió un taxi revolucionario no debe hablar mal de Chávez… Quien esté en el teleférico Mukumbarí en Mérida, no puede hablar mal de Chávez”, puntualizó.
La campaña de Cabello pretende ser aplicada más allá de las paredes de las instituciones del Estado. El líder chavista llamó a los urbanismos de Misión Vivienda, a los cuarteles militares y a todos los venezolanos a pintar murales en su casa con la frase “Aquí no se habla mal de Chávez”, mientras que en redes sociales utilizaron la misma frase en forma de etiqueta #AquíNoSeHablaMalDeChávez.
Quien no se una a esta campaña, advirtió Cabello, será denunciado por sus compañeros de trabajo, al menos eso aspira el dirigente oficialista quien invitó a denunciar a los empleados públicos que no se sumen a estas acciones.
Adiós al diálogo. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) mostró su disposición a dialogar, pero no de la misma manera en la que lo hizo en las reuniones desde el 30 de octubre hasta el 6 de diciembre de 2016. “El experimento de ‘diálogo’ que se desarrolló en Venezuela en ese lapso de tiempo es un capítulo cerrado que no se volverá a abrir”, señala un comunicado publicado por la coalición en respuesta a la propuesta de los mediadores de reactivar las negociaciones.
En el texto, publicado ayer, aclaran la necesidad de crear mecanismos para la comprobación de los acuerdos en eventuales encuentros futuros y mantienen tres exigencias: la recepción de la ayuda humanitaria para aplacar la escasez de insumos básicos, que el gobierno nacional reconozca a la Asamblea Nacional y la publicación de una cronograma electoral concertado entre los sectores políticos.
“Lo que hoy ocurre en Venezuela no es un simple forcejeo entre organizaciones políticas sino que es una lucha existencial de una nación entera contra un proyecto ideológico y un régimen corrupto que ha destruido la economía que hasta hace poco fue la que tenía más recursos en América Latina”, concluye.
Sin carnet de la Patria, no hay comida
El presidente Nicolás Maduro convocó a los miembros de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), sistema de distribución de alimentos del chavismo, a inscribirse y solicitar el carnet de la patria, un mecanismo que estableció el gobierno para censar quienes apoyan al régimen y quiénes no.
El mandatario afirmó ayer: “Atención este viernes 27, sábado 28 y domingo 29 comienza la inscripción de los CLAP para llegar a los seis millones de hogares de la patria […]. El proceso de carnetización se hará en todas las plazas Bolívar del país”.
“El Carnet de la Patria es un sistema de protección social que va a dejar con la boca abierta al mundo entero porque es para perfeccionar la hermosa obra que dejó el comandante Chávez”, expresó Maduro.
Una percepción que difiere de la de Carlos Aquino miembro de la dirección del Partido Comunista de Venezuela (PCV): “los derechos a la alimentación, la salud, la vivienda y la educación son derechos constitucionales consagrados para todos los habitantes de nuestro territorio y no pueden estar dependiendo de un carnet”, asegura.