La tensión entre el gobierno federal y el estado de California alcanzó un punto crítico ayer, cuando el fiscal general del estado, Rob Bonta, presentó una demanda contra el presidente Donald Trump, acusándolo de violar la Constitución al federalizar la Guardia Nacional sin contar con la autorización del gobernador Gavin Newsom. La acción legal, que también incluye al secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostiene que ambos funcionarios excedieron su autoridad y vulneraron la Décima Enmienda, diseñada para proteger el poder de los estados ante la intromisión federal.
“Esta es una crisis fabricada para permitirle tomar el control de una milicia estatal, dañando así los cimientos mismos de nuestra república”, expresó Newsom en un comunicado. La demanda describe las recientes manifestaciones en Los Ángeles como “protestas principalmente pacíficas con algunos actos de violencia o desobediencia civil” y rechaza categóricamente que los disturbios lleguen al nivel de insurrección invocado por el presidente.
- El Dato: Las manifestaciones siguen en varias zonas del centro de LA. Esta confrontación se perfila como uno de los mayores desafíos al federalismo en la historia reciente de EU.
En medio de estas tensiones, Donald Trump no sólo justificó el uso de la Guardia Nacional, sino que además respaldó públicamente el posible arresto del gobernador californiano. “Yo lo haría si fuera Tom. Me parece genial”, dijo el mandatario, aludiendo al zar fronterizo de su administración, quien advirtió que cualquier funcionario que obstruya las redadas migratorias podría ser arrestado.
Trump también defendió el despliegue inicial de 2 mil soldados y autorizó el envío de otros 2 mil más, con el argumento que sin su intervención, Los Ángeles habría sido “completamente destruida”. Sin embargo, diversos funcionarios locales e informes policiales contradicen esa narrativa. “Hoy, las manifestaciones en toda la ciudad de Los Ángeles se mantuvieron pacíficas”, dijo el Departamento de Policía local en un comunicado. “Felicitamos a todos los que ejercieron sus derechos bajo la Primera Enmienda con responsabilidad”.
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La alcaldesa Karen Bass se sumó a las críticas, al señalar que la ciudad era utilizada como “un caso de prueba” para arrebatar poder a las autoridades locales. “¿Sabes qué está haciendo la Guardia Nacional? Están vigilando dos edificios... eso es lo que están haciendo, así que ¿necesitan marines encima?”, cuestionó en una rueda de prensa. Añadió que la intervención federal era completamente injustificada y que había creado un clima de miedo y pánico entre la población, especialmente en las comunidades inmigrantes.
Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que el despliegue de 700 marines activos era necesario para proteger a los agentes del orden federal. Lo hizo desde la cuenta oficial del Pentágono en la red social X, afirmando que “el aumento de las amenazas a los agentes del orden público” justificaba la medida. Sin embargo, ni el Departamento de Policía ni otras agencias locales reportaron amenazas significativas.
Resistencia estatal. El gobernador Gavin Newsom calificó el despliegue adicional como “una falta de respeto a nuestras tropas” y denunció que los soldados enviados ni siquiera contaban con alimentación o directrices operativas. “No se trata de seguridad pública. Se trata de halagar el ego de un presidente peligroso. Esto es imprudente. Inútil. Y una falta de respeto a nuestras tropas”, escribió en X.
El fiscal Rob Bonta reforzó esa postura durante una conferencia de prensa: “Todo lo que el gobernador Newsom ha hecho y está haciendo es completamente legal, en el mejor interés de California. Y es el Presidente quien debe mirarse en el espejo y reconocer que el actor ilegal aquí es él”.
Mientras tanto, Tom Homan intentó matizar sus declaraciones sobre posibles arrestos, afirmando que “nadie está por encima de la ley” y que cualquier funcionario que obstruya las acciones migratorias podría ser procesado, pero negó haber dado instrucciones explícitas para detener a Newsom o Bass. La amenaza, no obstante, quedó latente y alimentó la percepción de una escalada autoritaria.
En una de sus declaraciones más duras, Newsom respondió a la amenaza de arresto diciendo: “Vengan a por mí, arréstenme. Acabemos con esto de una vez, hombre duro”. Añadió que el apoyo de Trump a su detención representaba “un paso inequívoco hacia el autoritarismo”.
LITIGIO SERÍA HISTÓRICO. La demanda presentada por California podría convertirse en un caso histórico sobre los límites del poder presidencial. Según informes del Washington Post, la acción legal se basa en el hecho de que la federalización de la Guardia Nacional sin el consentimiento del gobernador es “por definición, ilegal”. Newsom ha insistido en que nunca hubo colaboración ni coordinación con el Departamento de Defensa, y que las reglas de enfrentamiento no fueron respetadas.
