El esfuerzo del presidente Donald Trump por negar la ciudadanía automática a bebés nacidos en Estados Unidos recibió un nuevo revés legal ayer, cuando el juez federal Joseph LaPlante bloqueó la implementación de su orden ejecutiva en el marco de una demanda colectiva presentada por defensores de inmigrantes. La decisión, que aprovecha una excepción legal dejada abierta por la Corte Suprema, representa una victoria parcial para quienes luchan por mantener el derecho de nacimiento garantizado por la Constitución de EU.
El fallo del juez LaPlante, emitido tras una audiencia en Concord, New Hampshire, se da apenas semanas después de que el máximo tribunal del país dictara una resolución de 6 a 3 que limitó las medidas cautelares de alcance nacional por parte de jueces federales. Sin embargo, esa misma decisión dejó abierta la posibilidad de que demandas colectivas pudieran brindar protección legal a grupos enteros, lo que permitió al juez avanzar con esta orden.
El magistrado, nombrado por el expresidente republicano George W. Bush, suspendió su decisión durante siete días para permitir que la administración de Trump presente una apelación, aunque dejó claro que el riesgo de privar a un niño de su ciudadanía constituye, en sus palabras, “un daño irreparable”.
Estados Unidos asegura que frustró ataque terrorista planeado para Año Nuevo; detienen a 4
- El Dato: Con esta decisión, se reactiva el debate sobre hasta dónde puede llegar una administración para modificar derechos adquiridos bajo el paraguas de la Constitución.
La orden de Trump, firmada el primer día de su segundo mandato en enero pasado, instruye a las agencias federales a negar la ciudadanía a bebés nacidos en territorio estadounidense cuyos padres no sean ciudadanos o residentes permanentes legales. Según estimaciones de los demandantes, más de 150 mil recién nacidos por año podrían ser excluidos de este derecho si la medida entra en vigor a nivel nacional.
La demanda en New Hampshire fue impulsada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y representa a padres indocumentados y solicitantes de asilo. Incluye el caso de una mujer hondureña embarazada, que teme que su hijo “viva con miedo y escondido”, así como el testimonio de un hombre brasileño cuya esposa es hija de un ciudadano estadounidense. “Mi bebé tiene derecho a la ciudadanía y a un futuro en Estados Unidos”, expresó. Los abogados argumentaron que la orden de Trump viola la cláusula de ciudadanía de la 14a Enmienda de la Constitución, que garantiza este derecho a todas las personas nacidas en territorio estadounidense. Respaldaron su posición en el precedente de 1898 del caso Estados Unidos vs. Wong Kim Ark, en el que la Corte Suprema reconoció la ciudadanía por nacimiento, sin importar el estatus migratorio de los padres.
- El Tip: La 14 enmienda establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de los Estados Unidos”.
Resistencia política de EU. Por su parte, la administración Trump calificó la decisión judicial como “un intento ilegal” de sortear el fallo reciente de la Corte Suprema. El portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, acusó al juez LaPlante de “abusar de los procedimientos de certificación de demandas colectivas” y anunció que el gobierno apelará de inmediato.
La estrategia legal del equipo de Trump se basa en una interpretación limitada de la cláusula “sujetas a su jurisdicción” contenida en la 14a Enmienda. El gobierno argumenta que esta frase permite excluir de la ciudadanía a los hijos de personas que residen de forma irregular en el país, señalan que la interpretación tradicional ha incentivado la inmigración ilegal, lo que afecta la seguridad nacional y la economía estadounidense.
Tras el fallo de la Corte Suprema del 27 de junio, que ordenó a jueces de tribunales inferiores reevaluar sus órdenes de alcance general, los defensores de derechos migratorios se movilizaron rápidamente. En cuestión de horas, presentaron nuevas demandas colectivas en diversos estados, como Maryland y Washington, con el objetivo de proteger a los bebés en riesgo bajo el paraguas de litigios representativos.
- 150 mil recién nacidos serán afectados si la orden de Trump entra en vigor
La jueza Amy Coney Barrett, autora del fallo de la Corte Suprema, puntualizó que aunque se limitan las medidas cautelares universales, las demandas colectivas son una herramienta válida para obtener alivio legal para grandes grupos afectados. Esta distinción permitió al juez LaPlante proceder con la protección colectiva sin contradecir el nuevo criterio del alto tribunal.
Migración estadounidense. El fallo en New Hampshire intensifica la disputa constitucional que ha acompañado las iniciativas migratorias más restrictivas del presidente Trump. Aunque su administración celebró la resolución de la Corte Suprema como una victoria, la puerta que dejó entreabierta para acciones colectivas ha sido rápidamente utilizada por organizaciones civiles.
Además de la demanda ante LaPlante, otras organizaciones como Casa, en Maryland, ya han solicitado nuevas órdenes judiciales y esperan decisiones en los próximos días. Ama Frimpong, directora legal de Casa, pidió a las familias no caer en el pánico: “Estamos luchando por diferentes vías para asegurarnos de que esta orden ejecutiva nunca se apruebe”.
La batalla legal no sólo definirá el futuro inmediato de decenas de miles de bebés, sino que pondrá a prueba los límites del poder presidencial frente a derechos constitucionales fundamentales.
En palabras del juez LaPlante: “Eso es un daño irreparable, la simple ciudadanía”, dijo durante la audiencia. “Es el mayor privilegio que existe en el mundo”.
