Las favelas de Penha y Alemão, dos de las zonas más pobres del norte de Río de Janeiro, amanecieron ayer cubiertas de cadávares tras la mayor operación policial de la historia de Brasil. La ofensiva contra el Comando Vermelho, una de la principales organizaciones de narcotráfico del país, dejó almenas 132 muertos, de acuerdo con la Defensoría Pública regional, que recabó datos en los institutos forenses y en el lugar de los hechos
Mientras el Gobierno de Río sólo reconoce a 119 fallecidos, entre ellos cuatro policías. Los restantes, según las autoridades, eran sospechosos que se resistieron a la incursión de los dos mil 500 agentes desplegados. En las calles de Penha, decenas de cuerpos fueron alineados por los propios vecinos, quienes sin apoyo oficial improvisaron camillas para recuperar a sus familiares del bosque donde se extendieron los enfrentamientos.
- El Dato: Los cuerpos fueron depositados en una hilera de al menos 50 personas, tendidas lado a lado, en la plaza São Lucas, en Penha, a la vista de los familiares y curiosos.
“Nos dejaron solos. Somos los residentes quienes cargamos con los cuerpos”, relató Rayune Diaz Ferreira, una habitante del barrio que buscaba a su primo entre la hilera de cadáveres. Testigos describieron escenas de horror: niños llorando, madres gritando los nombres de sus hijos y vecinos cavando fosas improvisadas para evitar que los cuerpos quedaran expuestos al sol. En tanto los furgones del servicio forense tardaron horas en recoger los restos mientras la policía justificaba el letal operativo, planeado durante un año para acorralar a unos 180 presuntos narcotraficantes.
Por su parte, el secretario de la Policía Civil de Río, Felipe Curi, defendió la acción como “legítima” y acusó a los críticos de ser “narcoactivistas”. Explicó, la estrategia consistió en empujar a los sospechosos hacia la zona boscosa para reducir daños civiles. Sin embargo, el saldo de víctimas desbordó toda previsión: la Defensoría Pública calificó la masacre como “violencia estatal nunca vista”.
- 2 mil 500 policías participaron en el operativo
- 119 personas muertas contabilizó el gobierno de Río
“HORRORIZADA”. En tanto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó sentirse “horrorizada” por el operativo y pidió una investigación inmediata. El alto comisionado Volker Türk recordó a Brasil sus obligaciones ante el derecho internacional y alertó sobre el patrón de redadas excesivamente letales en las comunidades marginadas.
Mientras que el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, declaró que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostró “aterrado” por la magnitud de las muertes y sorprendido de no haber sido informado de la operación. “Fue extremadamente cruenta, especialmente violenta. Veremos si es compatible con el Estado democrático de derecho”, dijo antes de viajar a Río para reunirse con las autoridades regionales.
A su vez, el gobernador Cláudio Castro, principal responsable político del operativo, defendió la intervención como un “éxito”. Afirmó que las muertes corresponden a criminales armados y negó la existencia de civiles entre las víctimas. “No creo que nadie estuviera caminando por el bosque el día del conflicto. Las únicas víctimas reales fueron los policías”, insistió.
- El Tip: El enorme contingente policial que participó en la operación contó con el apoyo de vehículos blindados, helicópteros y drones.
La policía también informó del decomiso de 119 armas, 14 explosivos y media tonelada de droga. “Éste es el mayor golpe al Comando Vermelho desde su origen en los años setenta”, aseguró Curi.
Sin embargo, testigos denunciaron ejecuciones sumarias y disparos a corta distancia. “Hay personas con tiros en la nuca, por la espalda. Esto no puede considerarse seguridad pública”, dijo el activista comunitario Raúl Santiago. Vecinos acusaron a la policía de entrar disparando y destruir viviendas sin órdenes judiciales.
Aún después del repliegue de las fuerzas, miembros del Comando fueron vistos patrullando las calles, algunos armados y vestidos de negro, y dirigían la recuperación de cuerpos. La tensión se mantiene alta en las comunidades donde el miedo al regreso de las redadas domina la vida diaria.
El impacto político de la masacre llega justo antes de que Río de Janeiro reciba la Cumbre Mundial C40 y el Premio Earthshot del príncipe Guillermo, eventos previos a la COP30 de la ONU. El gobierno estatal negó que la operación tuviera relación con estos actos, pero observadores locales señalan que el patrón de redadas masivas suele coincidir con grandes reuniones internacionales.
Asimismo, el jefe de seguridad de Río, Víctor Santos, admitió que “la elevada letalidad era esperada, pero no deseada”. Su declaración profundizó la controversia sobre una política de seguridad basada en la confrontación armada, que tan sólo en 2024 dejó unas 700 muertes en operativos policiales en la ciudad, casi dos por día.
EXIGE EXPLICACIONES. De regreso en Brasilia, Lula da Silva se reunió con su gabinete y el vicepresidente Geraldo Alckmin para evaluar la situación. El ministro Lewandowski anunció que podría reforzar la presencia federal en Río ante las dudas sobre la coordinación de las fuerzas locales. La Defensoría Pública pidió una “respuesta institucional” inmediata y acompañó las búsquedas en los institutos forenses, donde se teme que el número de víctimas aumente.
Mientras tanto, el gobernador Castro mantiene su narrativa de “combate al narcoterrorismo” y publicó en X videos de los enfrentamientos. En ellos se observan helicópteros, drones y vehículos blindados disparando hacia zonas habitadas. “Esto no es crimen común, sino guerra”, escribió.
Mientras tanto, las imágenes de madres llorando junto a los cuerpos de sus hijos, alineados en la plaza São Lucas, se convirtieron en símbolo de la tragedia. Una de ellas, Taua Brito, resumió la desesperación colectiva: “Sólo quiero sacar a mi hijo y enterrarlo. Ya no hay paz ni justicia”.
La operación marca un punto de inflexión en la violencia policial brasileña.