Otro ataque

Gobierno de Trump lanza nuevo ataque contra embarcaciones en el Pacífico; crece la polémica internacional

El gobierno estadounidense confirmó otra operación contra presuntos narcotraficantes en aguas internacionales

Trump ordena nuevo ataque naval y desata críticas globales Foto: Captura de pantalla

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, confirmó un nuevo ataque contra una embarcación en el océano Pacífico oriental, como parte de su ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas.

De acuerdo con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la operación fue ejecutada por fuerzas navales estadounidenses y dejó al menos dos personas muertas.

El ataque, ocurrido el 4 de noviembre, se suma a más de una docena de operaciones similares realizadas desde mediados de septiembre en el Caribe y el Pacífico.

Según datos oficiales, al menos 66 personas han muerto en estas acciones. La administración Trump sostiene que los objetivos son embarcaciones controladas por “organizaciones terroristas designadas” y dedicadas al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

“Estamos desmantelando redes de narcoterrorismo antes de que lleguen a nuestras costas”, declaró Hegseth en Washington.

Sin embargo, la campaña ha despertado preocupaciones internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó las acciones como “inaceptables” y advirtió que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, al realizarse fuera de un conflicto armado reconocido.

Gobiernos latinoamericanos también han expresado su rechazo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció las operaciones como “asesinatos” y llamó a Washington a respetar el derecho internacional. Desde Caracas, Nicolás Maduro calificó los ataques como una violación de la soberanía regional.

Pese a las críticas, el Pentágono ha expandido el despliegue militar con el portaaviones USS Gerald R. Ford y otras unidades navales en el Caribe y el Pacífico. La administración Trump asegura que no requiere autorización del Congreso, al tratarse de operaciones de “defensa nacional”.

Asimismo, advierten que la falta de transparencia —pues no se han presentado pruebas públicas sobre las embarcaciones destruidas ni los presuntos vínculos con cárteles— podría agravar la tensión diplomática con América Latina y abrir un debate sobre la legalidad de las acciones militares en aguas internacionales.

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MSL

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