La muerte de Joseph Mendoza, un interno de 36 años, quedó registrada en un video que muestra cómo fue apuñalado en repetidas ocasiones dentro de la Prisión Estatal de Salinas Valley, en Soledad, California, el 8 de abril de 2025.
De acuerdo con la demanda civil presentada por sus familiares, el ataque superó las 170 puñaladas y se extendió por más de tres minutos en una sala común del penal.
Según la querella interpuesta en un tribunal federal del norte de California, los abogados de la familia acusan al California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) de actuar con “indiferencia deliberada”, al señalar que los oficiales presentes no intervinieron para frenar la agresión ni solicitaron asistencia médica inmediata.
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Asimismo, sostienen que el personal no utilizó los recursos disponibles para contener el ataque.
Las autoridades penitenciarias identificaron a los presuntos agresores como Edgar Frayre y Nicolas Young, también internos del centro. Ambos fueron trasladados a régimen de aislamiento mientras continúa la investigación.
El CDCR informó en su momento que se inició atención médica para Mendoza; sin embargo, fue declarado muerto en el lugar.
Familiares acusan delito por grabar y difundir video
Por otro lado, la demanda incluye señalamientos sobre la presunta difusión del video desde el interior del penal.
De acuerdo con los abogados, el material fue grabado a partir de imágenes de circuito cerrado y posteriormente compartido en redes sociales, donde acumuló miles de visualizaciones.
La familia sostiene que esta divulgación vulnera disposiciones estatales que restringen la difusión de imágenes de víctimas fallecidas.
Al respecto, la oficina del fiscal general de California negó en documentos judiciales las acusaciones de negligencia, invasión de privacidad y daño emocional. La dependencia no ha emitido comentarios adicionales por tratarse de un litigio en curso.
A propósito del contexto del caso, medios nacionales reportaron que Mendoza cumplía una condena de más de 26 años por robo y tentativa de homicidio, a la que se sumaron sanciones adicionales durante su reclusión.
La demanda también indica que, meses antes del ataque, el interno solicitó ser trasladado a un área de protección tras la confiscación de sustancias prohibidas, petición que, según la familia, no fue atendida.
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