El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrentará un juicio en mayo próximo por las condiciones en que mantiene a personas migrantes en una oficina federal de Nueva York, señaladas por organizaciones civiles como contrarias a estándares básicos de trato digno y a principios constitucionales.
El proceso comenzará el 26 de mayo ante el juez Lewis Kaplan, en la corte federal del distrito Sur de NY, como respuesta a una demanda presentada en agosto por la organización Make The Road, la Unión de Libertades Civiles, y el bufete Wang Hecker. Las agrupaciones dice que la agencia incurrió en prácticas sistemáticas de hacinamiento e insalubridad, además de restringir el acceso de los detenidos a representación legal.
- El Dato: Tras los continuos arrestos, se presentó la demanda conjunta en nombre de cualquier persona que haya sido o vaya a ser detenida dentro del 26 Federal Plaza.
De acuerdo con la querella, estas condiciones vulneran la Primera Enmienda al impedir la comunicación con abogados, así como la Quinta Enmienda al someter a los migrantes a condiciones consideradas punitivas sin el debido proceso. El caso se sustenta en testimonios, registros y material audiovisual documentado durante meses por activistas y defensores.
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Según lo expuesto, muchas de las detenciones ocurren cuando las personas acuden a citas en tribunales de inmigración o realizan trámites relacionados con su estatus legal. Tras ello, son trasladadas a oficinas ubicadas en el 26 Federal Plaza, en Manhattan, un inmueble que concentra diversas agencias del gobierno federal y que, pese a su uso, no es reconocido oficialmente como centro de detención.
- 2 meses faltan para que comience el juicio contra el ICE
Un video difundido en julio pasado por la Coalición de Inmigración de Nueva York evidenció a grupos de personas retenidas durmiendo en el suelo, en espacios reducidos y sin condiciones adecuadas de higiene. Las denuncias señalan que los detenidos compartían sanitarios sin privacidad, carecían de acceso a duchas y enfrentaban limitaciones en la provisión de alimentos y medicamentos.
A estas acusaciones se suma la negativa de permitir el ingreso de congresistas a las instalaciones, pese a sus facultades legales para supervisar dependencias federales. Este hecho intensificó los cuestionamientos sobre la transparencia en la operación de dichas oficinas y el trato que reciben los migrantes bajo custodia.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional rechazóo que el inmueble funcione como un centro de detención formal. Sin embargo, tras la presentación de la demanda, el juez Lewis Kaplan ordenó a la agencia implementar mejoras en los resguardos, lo que derivó en revisiones internas. En los meses posteriores, defensores y representantes legales de la administración intercambiaron información como parte de la fase de recopilación de pruebas. Este proceso incluye la toma de declaraciones a altos funcionarios del ICE y la solicitud de registros detallados sobre personas detenidas en dichas instalaciones.
El juicio se perfila como punto clave en la revisión judicial de prácticas de detención migratoria en oficinas.
