El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, defendió ayer la nueva ley que impone la pena de muerte automática a palestinos acusados de asesinato con motivación contra el Estado, pese a cuestionamientos por su posible incompatibilidad con el derecho internacional.
La norma establece que palestinos de Cisjordania ocupada que cometan este tipo de crímenes serán condenados a la pena capital por tribunales militares. Ben Gvir aseguró que se trata de una medida “justa, apropiada y correcta” que busca reforzar la disuasión y la seguridad. El ministro reconoció que la sentencia es obligatoria, aunque puede conmutarse en casos excepcionales. Además, subrayó que la ley elimina obstáculos, como requisitos para fiscales y jueces, lo que facilita su aplicación.
Sin embargo, el derecho internacional establece que la pena de muerte debe aplicarse de forma discrecional, tras evaluar cada caso y garantizar un juicio justo.
Cinco organizaciones de derechos humanos apelaron la ley ante el Tribunal Supremo israelí, al considerarla discriminatoria y contraria al derecho a la vida. Argumentan que impone castigos más severos a palestinos que a ciudadanos israelíes.
A su vez, Irán condenó la medida, al acusar a Israel de promover políticas de “genocidio” y violar normas internacionales, en un contexto de creciente tensión regional.