La política española enfrenta uno de sus episodios más delicados de los últimos años. La Audiencia Nacional abrió una investigación formal contra el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y posible blanqueo de capitales dentro del denominado caso Plus Ultra, una causa que indaga el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia de Covid-19.
- EL DATO: PARA CALIFICAR a los fondos públicos de emergencia, la aerolínea tenía que ser designada como una empresa “estratégica”. Fue un estatus que no merecía.
La decisión judicial, que se dio a conocer ayer, marca un hecho inédito en la historia política reciente de España: Zapatero se convirtió en el primer exjefe del Ejecutivo citado como investigado en una causa por presunta corrupción.
El magistrado José Luis Calama ordenó registros en el despacho del exmandatario en Madrid y en otras tres sociedades mercantiles vinculadas al caso, incluida la agencia publicitaria What The Fav S.L., propiedad de sus hijas Alba y Laura Rodríguez Zapatero. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal decomisaron cajas con documentación como parte de la denominada Operación Tíbet.
El auto judicial, de 85 páginas, sostiene que existirían indicios de una estructura “estable y jerarquizada” encabezada presuntamente por José Luis Rodríguez Zapatero, que utilizó su red de contactos institucionales para favorecer intereses privados mediante decisiones administrativas estratégicas.
Según la resolución, esa red operó mediante empresas pantalla, contratos de asesoría y estructuras financieras opacas destinadas a ocultar el movimiento de recursos económicos.
JAMÁS ha realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus UltraJOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO. Expresidente del gobierno español
El juez calcula que el entorno del expresidente recibió alrededor de 1.95 millones de euros procedentes de empresas bajo investigación. Parte de esos recursos, señala la documentación judicial, fueron transferidos a través de la consultora Análisis Relevante y canalizados también hacia la empresa administrada por sus hijas.
La investigación incluye además la posible creación de una sociedad en Dubái que, según los indicios recabados, pudo haber servido para recibir fondos fuera de España relacionados con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
La causa también explora presuntas gestiones realizadas para facilitar autorizaciones de vuelo de la aerolínea en Venezuela, país donde Rodríguez Zapatero mantuvo una intensa actividad política y diplomática tras abandonar el gobierno en 2011.
Ese vínculo internacional es uno de los ejes más sensibles del expediente. Plus Ultra mantenía operaciones regulares con Caracas y otras rutas latinoamericanas. Desde que recibió el rescate estatal en 2021, la compañía fue objeto de cuestionamientos por su limitada viabilidad financiera y por sospechas sobre sus conexiones empresariales con capitales venezolanos.
La Fiscalía Anticorrupción investiga si parte de los recursos analizados podrían tener origen en operaciones vinculadas con Petróleos de Venezuela, transacciones relacionadas con oro venezolano y programas estatales como los CLAP.
Los investigadores sostienen que el rescate financiero pudo haber servido como mecanismo para mover o devolver recursos a través de préstamos y contratos internacionales difíciles de rastrear.
Horas después de conocerse su imputación, el exmandatario español difundió un mensaje en video para rechazar las acusaciones y defender su actuación pública y privada.
Aseguró que jamás realizó gestión alguna ante administraciones públicas relacionada con el rescate de Plus Ultra y afirmó que sus actividades se desarrollaron con “absoluto respeto a la legalidad”.
También negó haber tenido sociedades mercantiles dentro o fuera de España y aseguró que todos sus ingresos fueron declarados con transparencia fiscal.
José Luis Rodríguez Zapatero confirmó además que comparecerá ante la justicia el próximo 2 de junio para colaborar plenamente con el proceso.
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La imputación elevó de inmediato la presión política sobre el actual presidente Pedro Sánchez, aliado histórico de Zapatero y figura central del Partido Socialista Obrero Español.
Durante una reunión de la Ejecutiva Federal socialista, Pedro Sánchez expresó respaldo al exmandatario y pidió defender su trayectoria política, mientras el PSOE difundió un comunicado en defensa de la presunción de inocencia.
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