El gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, impuso un arancel del 25% a las importaciones procedentes de Brasil, el cual entrará en vigor el próximo 22 de julio.
La medida se determinó tras detectarse presuntas prácticas comerciales desleales por parte del país sudamericano, luego de una investigación de un año realizada por la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR).
La orden exime del gravamen a mercancías como el café, la carne de vacuno, las naranjas, el zumo de naranja, algunos productos energéticos de petróleo y gas, así como piezas y componentes aeroespaciales.
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¿Qué concluyó la USTR?
La indagatoria de la USTR concluyó que Brasil incurre en prácticas de comercio desleal, entre las que destacan la aplicación laxa de medidas anticorrupción y la imposición de aranceles propios calificados como injustos.
A pesar de estos señalamientos, el intercambio histórico de bienes entre ambas naciones registra un superávit comercial a favor de la Unión Americana desde hace varios años.
El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, declaró que la imposición de estas tarifas arancelarias resulta indispensable para garantizar condiciones de competencia equitativas para los trabajadores y las compañías de su país.
El funcionario precisó que las intensas negociaciones bilaterales del último año no resolvieron los diferendos, aunque subrayó que Washington mantiene la disposición al diálogo para concretar las reformas comerciales requeridas.
Lula da Silva acusa maniobras políticas
Por su parte, el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reaccionó con indignación tras la propuesta inicial del gravamen y atribuyó la medida a maniobras políticas de su rival electoral, el senador Flávio Bolsonaro.
Según Lula da Silva, el legislador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y aliado del presidente Donald Trump, influyó en el proceso durante una reciente visita a la capital estadounidense.
En contraste, el secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la medida a través de la plataforma X, donde acusó directamente a la administración de Lula de no negociar de buena fe.
El diplomático afirmó que las políticas del gobierno brasileño perjudican a los ciudadanos de ambos países y que los aranceles representan el costo de priorizar intereses personales por encima del bienestar de la población.
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JVR
