El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), Terrance “Terry” Cole, vinculó el asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena con la corrupción de autoridades mexicanas durante una conferencia sobre el combate al fentanilo en Wilkes-Barre, Pensilvania. Su declaración ocurrió a cuatro días del inicio de la Semana del Listón Rojo, una campaña que recuerda el secuestro, tortura y homicidio del estadounidense en 1985.
Cole pidió respaldar la conmemoración, que tendrá lugar del 23 al 31 de octubre, y señaló que Camarena fue “capturado, torturado y asesinado en México bajo la corrupción de las autoridades mexicanas”. El funcionario participó en un encuentro que convocó el senador republicano David McCormick, junto con el fiscal general Todd Blanche y representantes de organismos de seguridad estadounidenses.
Durante la conferencia, el jefe de la DEA también advirtió que su institución perseguirá a los narcotraficantes que operen desde México, Colombia y Centroamérica. Como parte de los resultados de sus operaciones en Pensilvania, reportó decomisos de aproximadamente 180 kilogramos de fentanilo, 400 de metanfetamina y mil de cocaína, sin precisar el periodo que comprenden esas cifras.
La agencia había anunciado desde el 2 de octubre que la edición de este año reforzaría su estrategia nacional denominada “Estados Unidos sin fentanilo”, mediante acciones de prevención en escuelas, familias y comunidades. Bajo el lema “Marca la diferencia. Sé un héroe. Mantente libre de drogas”, la campaña busca advertir sobre los riesgos de sustancias ilícitas y nuevas amenazas asociadas con el consumo de estupefacientes.
En aquel comunicado, Cole alertó que las drogas peligrosas pueden distribuirse en distintas presentaciones, desde polvos y pastillas hasta dispositivos de vapeo. “Todos desempeñamos un papel importante para prevenir el consumo indebido de drogas antes de que comience”, afirmó el director de la institución, que considera esta iniciativa como su principal programa de educación preventiva.
Una segunda comunicación, fechada el 14 de octubre, amplió la convocatoria mediante una carta conjunta que firmaron Cole y Timothy Westlake, jefe de gabinete de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA). Ambos funcionarios solicitaron a la población participar durante todo el mes en actividades comunitarias, concursos escolares, campañas informativas y la iluminación de edificios con luces rojas.
El documento recuerda que la iniciativa surgió en 1985 en Calexico, California, localidad natal de Camarena, donde grupos de jóvenes comenzaron a portar listones rojos para honrar su memoria. La organización National Family Partnership extendió después la conmemoración a escala nacional, hasta convertirla en una campaña anual contra el consumo de drogas.
Las acusaciones sobre corrupción oficial en el asesinato del agente tienen antecedentes judiciales. En 1990, un gran jurado federal de Los Ángeles presentó cargos contra Manuel Ibarra Herrera, exdirector de la Policía Judicial Federal, y Miguel Aldana Ibarra, exdirector de Interpol en México, por su presunta participación en una conspiración para secuestrar y asesinar al estadounidense.
Mientras tanto, Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, enfrenta un proceso penal en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York por cargos de narcotráfico que incluyen su presunta responsabilidad en el asesinato de Camarena. El mexicano llegó a Estados Unidos en febrero de 2025, después de que la Marina lo capturó en Sinaloa en julio de 2022.
Su última audiencia, celebrada el 14 de octubre ante el juez Frederic Block, concluyó sin un acuerdo de culpabilidad entre la Fiscalía y la defensa. Ambas partes confirmaron que mantienen conversaciones para explorar una posible resolución que evite el juicio, aunque hasta ahora no existe un convenio que modifique la declaración de inocencia del acusado.
Por determinación judicial, Caro Quintero y su coacusado Ismael Quintero Arellanes deberán comparecer nuevamente el 20 de noviembre. El tribunal conserva el 8 de marzo de 2027 como fecha prevista para el inicio del juicio y estableció el 18 de diciembre como plazo para que las defensas presenten sus mociones.
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