Al comenzar a correr los cinco días dados por el gobierno de Líbano para que un comité de investigación dictamine las causas de la explosión de dos mil 750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el puerto, este grupo inició el levantamiento de escombros en busca de indicios, mientras que autoridades de ese país ordenaron que funcionarios portuarios sean puestos en arresto domiciliario, pues todo apunta a que hubo negligencias.

Aunque no se informó el número exacto de funcionarios que serían detenidos ni sus cargos, sí se dio a conocer que el cumplimiento de la orden sería supervisado por militares y se realizaría “tan pronto como sea posible” durante los días en los que transcurre la investigación.

Por la explosión en el puerto de Beirut se contabilizaba hasta la medianoche (hora local) 135 fallecidos y alrededor de cinco mil personas, de acuerdo con el Ministerio de Salud, que además advirtió que había cientos de desaparecidos.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación, las dos mil 750 toneladas de amonio que estallaron estaban en el país desde octubre de 2013, cuando un barco ruso de nombre Rhosus tuvo que atracar con el cargamento, debido a que no estaba en condiciones de completar un viaje hasta Mozambique, donde entregaría el compuesto químico, utilizado también como fertilizante y para la fabricación de explosivos.

La historia fue revelada desde 2014 por un medio especializado en temas marítimos, el cual ya señalaba entonces que la destartalada nave era una “bomba flotante”.

Junto con la embarcación, en Beirut habían quedado cuatro tripulantes (uno ruso y tres ucranianos), a quienes no se les permitía irse, pues las autoridades portuarias no querían hacerse cargo del peligroso cargamento, aunque el dueño de la embarcación, quien ahora reside en Chipre, donde también se sintió el movimiento telúrico causado por la explosión, se había olvidado de ella y sus extrabajadores, tras declarar a su compañía en quiebra.

Tras la intervención de una firma de abogados, los tripulantes pudieron irse y las autoridades se vieron obligadas a asegurar el nitrato de amonio en el Almacén 12 del puerto, donde permaneció hasta este martes, cuando estalló.

Las conjeturas sobre la negligencia como causa del accidente se reforzaron tras la publicación en línea de una supuesta carta oficial del titular de la aduana a un juez, fechada en 2017, en la que pedía retirar el material, al advertir el peligro que causaba, y señalaba que había enviado misivas similares desde 2014.

Al respecto, el procurador Ghassan Oueidat ordenó a las agencias de seguridad que investiguen toda la correspondencia relacionada con el material almacenado en el puerto y hagan listas de personas a cargo del mantenimiento, almacenamiento y protección del hangar.

Así, una de las hipótesis iniciales, que apuntaba a un posible ataque a causa del conflicto que en los últimos días ha vuelto a escalar entre Israel y Hezbolá, un grupo paramilitar nacionalista libanés que varias naciones consideran terrorista, se disiparía.

En el mismo sentido, un alto funcionario del Departamento de Defensa estadounidense, así como un agente de inteligencia de ese mismo país, aseguraron a la agencia The Associated Press (bajo condición de anonimato), que no había indicios de ataque.

VIVEN UN DRAMA

Pese a las promesas de que los responsables de la tragedia que ha cobrado más de un centenar de vidas rendirán cuentas, una sensación de rabia ha invadido a muchos de los sobrevivientes, quienes no entienden por qué las autoridades habían almacenado un compuesto químico tan volátil a tan pocos kilómetros de sus hogares.

“¿Así de baratas son nuestras vidas para ellos?”, acusó Walid Assi, trabajador de una pizzería a unos kilómetros del puerto, en un testimonio recogido por Reuters. En ese mismo sentido, Rony Abu Saad, dueño de un restaurante en el que uno de los empleados murió, acusó “Es como si quisieran que muriéramos. Este país ahora se parece a sus gobernantes, la basura y los escombros en las calles, se parece a ellos”, aseveró.

“La peor parte es este gobierno y todos aquellos que antes no hicieron nada. A nadie le importa. ¿Sabían que este almacén estaba allí y lo mantenían cerca de nuestras casas?”, dijo Habib Medawar, de 65 años, propietario de un edificio donde habían muerto dos personas.

El gobierno libanés declaró el estado de emergencia, como un día antes había sugerido el presidente Michael Aoun, y aprobó una asignación excepcional de alrededor de 66 millones de dólares para hacer frente a la crisis, al tiempo que entregó la responsabilidad de la seguridad de Beirut a las fuerzas militares.

Entre 200 y 250 mil personas se quedaron sin hogar, advirtió el gobernador Marwan Abboud, quien aseguró que ya preparaban refugios. Asimismo, cientos de libaneses utilizaron el hashtag

#OurHomesAreOpen (nuestras casas están abiertas), en árabe y en inglés, para ofrecer refugio a los damnificados.

Por si fuera poco, adicional a la crisis económica que ya arrastraba el país, la más fuerte en su historia, ahora se perfila una crisis alimentaria, pues la explosión destruyó el principal silo de granos de la nación, dejándolo con reservas tan escasas que podrían durar menos de un mes.