Estalla violencia por brutalidad policiaca en Colombia

La muerte de Javier Ordóñez, un taxista de Bogotá sometido por la policía a descargas eléctricas que provocaron su muerte estalló en una jornada de protestas que dejó un saldo de al menos 10 jóvenes fallecidos, además de la condena internacional.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en Twitter para condenar “enfáticamente los casos de brutalidad y abuso policial” y recordó que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado “debe seguir los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, poniendo en el centro la protección de los derechos de todas las personas”.

En respuesta, el presidente colombiano consideró que la Policía Nacional, que en ese país es una organización militar, es “heroica” y trabaja con “excelencia”, por lo que exigió no “estigmatizarlos”.

“No podemos aceptar que se estigmatice y se llame asesinos a quienes tienen la obligación de proteger a los ciudadanos. Tenemos que separar las conductas individuales de lo que es el actuar de una institución que les ha servido a los colombianos”, dijo Duque.

Fue en la madrugada del miércoles cuando Ordoñez, quien tenía estudios de aeronáutica y era abogado, fue detenido por ingerir bebidas alcohólicas en la calle con amigos, rompiendo la cuarentena. Una de las personas que se encontraba con él grabó un video en el que se le observa sometido y rogando “por favor, ya; por favor”, mientras le aplican el taser.

Ordoñez, de 44 años de edad y padre de dos hijos, fue llevado al CAI Villa Luz, una estación de policía, donde se especula que sufrió nuevos maltratos y de la cual salió moribundo al hospital Santa María del Lago, en el que se le declaró muerto.

Desde la tarde del miércoles, algunos manifestantes se hicieron presentes en la comisaría, pero fue hasta la noche cuando las protestas se tornaron violentas.

Tanto en Bogotá como en la vecina ciudad de Soacha al menos 10 personas murieron durante las protestas, entre ellas un menor de 17 años. Más de 100 policías y 175 civiles resultaron heridos, mientras que 56 instalaciones policiales fueron atacadas (22 quedaron destruidas), 77 vehículos policiales fueron dañados (entre ellos 26 incendiados) y al menos 70 manifestantes fueron arrestados.

El caso avivó la polarización política existente entre la derecha que gobierna el país con la izquierda instalada en la capital.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, acusó a la policía de utilizar indiscriminadamente sus armas de fuego en medio de las protestas y pidió a Duque prohibir el armamento durante las manifestaciones.

“Lo que ocurrió ayer (miércoles) fue un ataque indiscriminado, desproporcionado, absolutamente injustificado por parte de algunos miembros de la policía contra los ciudadanos de Bogotá, en particular contra jóvenes de nuestra ciudad”, dijo López.

La alcaldesa afirmó que al menos siete personas, incluido el joven de 17 años, tenían heridas por armas de fuego, al igual que otras 66 personas que ingresaron a diferentes hospitales. Asimismo, la funcionaria llamó a la calma, recordando que “destruir a Bogotá no va a restablecer el evidente déficit de legitimidad que hay en la policía y en los cuerpos de seguridad”.

En contraste, Duque se pronunció contra la “violencia, el vandalismo, las agresiones que se observaron frente a la Fuerza Pública y a muchas de las instalaciones que la Fuerza tiene para proteger a los ciudadanos”.

En el mismo sentido, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ofreció recompensas de hasta 50 millones de pesos colombianos (más de 280 mil pesos mexicanos) por información que permita identificar a manifestantes.

“Aquí lo que estamos es frente a un acto masivo de vandalismo y de violencia. Aquí lo que estamos es frente a la actuación inaceptable desde el punto de vista social y legal de una serie de colombianos que se dedicaron a afectar bienes públicos y a afectar la tranquilidad”, aseguró.

Los dos policías vinculados al caso Ordoñez fueron apartados de la Policía Nacional, luego de que se les notificó la apertura de una investigación. De acuerdo con El Tiempo, uno tiene estudios de Psicología y llevaba seis años en la corporación; el otro llevaba cinco años como patrullero.