Ante injerencia, Nicaragua tacha a España de ridícula

El régimen nicaragüense de Daniel Ortega calificó de cínica y ridícula la intromisión de España, después de que este Gobierno llamara a consultas a su embajadora en la región centroamericana, María del Mar Fernández-Palacios, luego de que la nación acusara supuesto injerencismo, como lo hizo previamente contra cuatro naciones latinoamericanas.

En un comunicado, la Cancillería aseveró que una administración que incumple compromisos internacionales no tiene la calidad moral para cuestionar las acciones de otra nación, esto ante las reiteradas intromisiones de cara a las elecciones de noviembre próximo.

Incluso, la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, advirtió en transmisión televisiva que de España sólo provienen “rabiosas, ridículas, altisonantes y falaces voces”, al salir en defensa de la gestión de su marido, ante los múltiples cuestionamientos del ministro de Exteriores ibérico, José Manuel Albares, sobre la grave crisis política y social que enfrenta el pueblo nicaragüense que, afirma, evidencia que no habrá comicios libres ante la falta de condiciones democráticas, pues el régimen eliminó de la contienda al partido opositor Ciudadanos por la Libertad y suman 30 disidentes detenidos, entre ellos ocho aspirantes a la presidencia y vicepresidencia del país.

“España sigue dirigiéndose a nosotros como si de una colonia se tratara”, lamentó Murillo al calificar al gobierno y la corona española de arrogantes y falsos.

Asimismo, la esposa de Ortega recordó que antes de criticar a otro gobierno la gestión de Pedro Sánchez debería atender sus términos en derechos humanos, pues aseveró que ha cometido crímenes de lesa humanidad, por hechos de “falacia, encubrimiento, mentiras, delitos y crímenes de odio”, presuntamente en relación al movimiento independentista catalán, al recordar que en ambos casos, tanto España como Nicaragua, han actuado contra la oposición que supuestamente viola las leyes.

Declaraciones que forman parte de un escrito que, aseguró, le hicieron llegar a su contraparte española.

Mientras que en respuesta, el canciller Albares calificó de infundados los señalamientos contra instituciones españolas sin hacer más declaraciones en contra el régimen de los Ortega-Murillo.

Previamente, España, al igual que algunas naciones europeas, han alertado sobre el recrudecimiento de la represión de Ortega contra políticos, activistas y periodistas, hechos por los que la Unión Europea impuso sanciones a la primera dama y a siete funcionarios de alto rango, siguiendo los pasos de Estados Unidos que ha congelado cuentas a ligados a la pareja presidencial y les ha retirado visas.

EXIGEN CUENTAS EN COSTA RICA

 Luego de que se reportara que Costa Rica ignoró una solicitud de asilo de un opositor nicaragüense, previo a ser detenido, diputados del país vecino solicitaron una aclaración por parte de las autoridades correspondientes al advertir que dicha acción podría representar una violación a la Constitución.

De acuerdo con La Nación, el exdiplomático Mauricio Díaz, capturado el pasado 9 de agosto, promovió refugio en esa región ante la persecución en su país natal, lo que pudo haber evitado su aprehensión por parte de la Policía del régimen tras rendir declaración.

Sin embargo, hasta el momento, los funcionarios involucrados han declarado versiones contradictorias sobre si la petición sólo fue formal o se hizo de manera oficial, mientras que medios nicaragüenses reportaron que las gestiones las hizo a través de la embajada costarricense en Managua.

La falta de apoyo desató críticas por poner en riesgo a un disidente y otrora líder de Ciudadanos por la Libertad ante el asedio del régimen; incluso el exembajador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Pablo Barahona tildó de ridículas las excusas de que desconocían el procedimiento que presuntamente inició el opositor.

Ahora Díaz, a quien le retiraron su pasaporte el pasado fin de semana justo cuando pretendía viajar a la nación vecina, es acusado de traición a la patria y atentar contra la soberanía nacional.