Firma nuevas órdenes ejecutivas

Joe Biden corta política antimigrante de Trump; busca reunificar familias

El proyecto para unir a hijos separados de sus padres estará a cargo de la primera dama, Jill Biden, y el Departamento de Seguridad Nacional

Migrantes
Un grupo de niños es vigilado en un centro de detención migrante en el poblado de Tornillo, Texas.Foto: Reuters
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La reunión de familias migrantes que fueron separadas por la política de “tolerancia cero” de Donald Trump va más que encaminada. Ayer, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó tres decretos para cumplir una de sus promesas de campaña y poner fin a la dura estrategia en la frontera con México de su antecesor, que consideró “divisiva” y “cruel”.

Aunque no existe una cifra exacta sobre cuántos de los menores siguen lejos de sus padres, autoridades estadounidenses han identificado a cerca de cinco mil 500 niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con medios locales, el proyecto para unir a hijos separados de sus padres estará a cargo de la primera dama, Jill Biden, y el Departamento de Seguridad Nacional.

Entre los decretos también se contempla terminar con la política que obligaba a migrantes a permanecer en México en espera de respuesta de asilo y recuperar los programas sociales para que indocumentados tengan su residencia legal o ciudadanía.

Biden aseveró que con estas acciones termina con las malas políticas de la gestión anterior. Sin embargo, reconoció que los cambios no serán de una día para otro, especialmente en la frontera, pero apuesta a contar con un sistema más justo.

“La situación en la frontera no se transformará de la noche a la mañana, debido en gran parte al daño causado en los últimos cuatro años… Pero el Presidente está comprometido con un enfoque que mantiene a nuestro país seguro, fuerte y próspero y que también se alinea con nuestros valores”, aseguró la Casa Blanca en un comunicado antes de la firma.

El mandatario también solicitó agilizar la naturalización de nueve millones de indocumentados, así como revisar la llamada “regla de carga pública”, que niega la tarjeta de residencia a quien tiene algún tipo de asistencia social.