Jueves 24.09.2020 - 15:37

Jueces del partido de Chávez dan sí a Maduro para aprobar su gasto

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En Caracas

A la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) llegan los casos más polémicos sobre la interpretación de la Constitución venezolana. La ley nacional dispuso que fuesen siete los magistrados que tengan la facultad de esclarecer las controversias; todos deben ser abogados de reconocida trayectoria y una honorabilidad intachable.

Pero en la actual Sala, hay cinco juristas que no tienen los más de 15 años ejerciendo el Derecho, uno de los tres requisitos que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 263) para que un abogado pueda aspirar a formar parte de cualquiera de las seis salas del máximo tribunal del país.

De acuerdo con una investigación que realizó la organización Acceso a la Justicia, en la que evaluaron los perfiles de los 32 magistrados que conforman el TSJ, sólo uno de los siete juristas de la Sala Constitucional, que el pasado miércoles dotó a Nicolás Maduro de poderes para aprobar el presupuesto de la Nación sin el aval del Legislativo, cumple con todos los requisitos legales y constitucionales: Arcadio Delgado.

Los demás —Carmen Zuleta, Juan José Mendoza, Calixto Ortega, Lourdes Suárez, Luis Damiani y Gladys Gutiérrez, quien además es la presidenta del máximo tribunal— tienen “manchas” en sus hojas de vida que los desmerita para los puestos que ocupan actualmente.

“Desde un punto de vista ideal, los miembros del máximo juzgado de la nación deben ser ciudadanos y juristas con una ética y moral intachables, con una verdadera sapiencia en ciencia jurídica, producto de una combinación entre su formación académica y una reconocida, honorable y comprobable trayectoria profesional; con un elevado valor de la justicia, una fuerte vocación de servicio y sin vinculaciones políticas de ningún tipo. En Venezuela la realidad parece ser diferente”, explica la organización Acceso a la Justicia en el informe que presentó a mediados de 2016.

La primera condición de la Constitución es que todos sean venezolanos y, según Acceso a la Justicia, cinco de los siete juristas de la Sala Constitucional cumplen con este requisito, aunque se desconoce si tienen otra nacionalidad a la que deberían renunciar para poder ocupar el cargo.

De Zuleta y Gutiérrez no se puede afirmar si cumplen con esta condición, pues en su resumen curricular —divulgado en la página web del TSJ— no se encuentra este dato.

Los investigadores de la ONG concluyeron que dos magistrados de la Sala Constitucional no cumplen con la segunda condición que ordena la Carta Magna: el de ser un ciudadano de reconocida honorabilidad. Se trata de Carmen Zuleta y Juan José Mendoza, quienes han sido acusados por otros colegas en procesos legales.

En 2012, cuando Mendoza era inspector de tribunales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) fue señalado por el abogado José Graterol de querer destituir a la exjueza María Lourdes Afiuni, para corregir el error cometido al suspenderla de su cargo de juez titular sin el proceso de rigor. En 2014, a Zuleta la acusaron de usar influencias en su propio beneficio.

Sólo Arcadio Delgado y Juan José Mendoza tienen más de 15 años en la abogacía, mientras que los demás no cumplen con el requisito por el tiempo de graduado o por no haber ejercido el derecho. Un ejemplo claro es el de Calixto Ortega, quien recibió el título de abogado hace 10 años, y su trayectoria profesional está vinculada al área política.

El caso más grave es el de la presidenta del máximo tribunal del país, Gladys Gutiérrez, quien también incumple con establecido en la ley: ha ocupado cargos políticos como el de la Procuradora General de la República, pero nunca como jurista.

Luis Damiani, por su parte, se desarrolló principalmente como sociólogo (su otra carrera) e incluso tiene un postgrado en esta área, aunque en 1971 obtuvo su título de abogado.

Tomado de Efecto Cocuyo

Apoyan en marcha presupuesto ilegal

El oficialismo venezolano convocó a sus simpatizantes a marchar hoy en respaldo al presupuesto nacional de 2017, que el presidente Nicolás Maduro se negó a presentarlo para su aprobación a la Asamblea Nacional, con mayoría opositora.

El diputado oficialista y portavoz del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Loengri Matheus, dijo que los seguidores del gobierno acordaron marchar en respaldo a la decisión de Maduro.

La movilización fue convocada después de que Maduro presentara el proyecto de presupuesto al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en lugar de la Asamblea Nacional (Congreso unicameral), a la que considera en “desacato”.

La decisión de Maduro agravó el conflicto institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, originado desde su instalación el pasado 5 de enero. La directiva de la Asamblea considera la medida como un desconocimiento del foro legislativo.

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