Lula acusa colusión golpista y exponen plan contra comicios

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció una colusión entre la seguridad de Planalto y golpistas, al admitir que desconfía del primer sector, mientras siguen las investigaciones contra bolsonaristas, con lo que se destapó un plan de la gestión de Jair Bolsonaro para asumir el control del Tribunal Superior Electoral (TSE) en torno a los comicios.

Con la mira puesta en los patrocinadores de los actos vandálicos, el izquierdista aseveró que la irrupción en esta sede sólo pudo ocurrir con apoyo interno.

“Estoy convencido que la puerta del Palacio del Planalto se abrió para que entre la gente”, sostuvo en un encuentro con la prensa, a cuatro días de la invasión en los tres poderes de la nación, pues detalló que en ese recinto no hubo puertas rotas, elevando las sospechas de que contaban con colaboración, especialmente cuando en las otras instalaciones quebraron puertas y ventanas para ingresar y atentar contra su administración.

Insistió que la agresión del fin de semana evidencia una conspiración en la que no sólo participaron líderes y ciudadanos de oposición, sino fuerzas de seguridad, por lo que las autoridades revisan cada una de las cámaras de los recintos para determinar cómo entraron y esclarecer si se les facilitó el acceso, así como identificar a los culpables de lo que Lula tachó de confabulación fascista, al re-iterar que la protesta fue ilegítima desde que demandaron un golpe de Estado.

Aunque no adelantó nombres, puso la mira de nuevo en ministros y legisladores aliados del ultranacionalista, quienes son investigados o buscados por incitar la insurrección u omisiones; y, ante los cuestionamientos de la prensa, aclaró que tiene plena confianza en el ministro de Defensa, José Múcio, al puntualizar que “va a continuar” en el gabinete.

Más tarde se revelaron más pistas de que los insurrectos se unieron a través de Telegram, donde atrajeron a los manifestantes y se brindaron detalles para sumarse a las caravanas a Brasilia.

The Associated Press identificó que en una cuenta de esa plataforma se compartió con unos 18 mil miembros un documento llamado “Excursión a la playa” en alusión a una “fiesta bomba”, con juegos como “tiro a policías y ladrones”.

Pero en realidad era un mapa con 40 puntos marcados como parte de un último esfuerzo para revocar la victoria de Lula, pues desde esos sitios partirían los camiones pagados por aliados de Bolsonaro para atacar Planalto, el Congreso y el Tribunal, prácticamente a plena vista de las autoridades, lo que asemeja cada vez más lo sucedido el fin de semana con el asalto al Capitolio de los simpatizantes de Donald Trump en Estados Unidos.

En tanto, la Procuraduría sudamericana señaló que se avanza en el bloqueo de decenas de cuentas que financiaron estos autobuses, pues las primeras indagatorias arrojaron que al menos siete empresas y más de 50 personas están detrás de ese plan con un monto, hasta el momento, de 6.5 millones de reales (más de 24 millones de pesos), ya que no descartan que éste aumente, pues sigue el rastro de las unidades decomisadas desde los hechos, con apoyo de la Agencia Nacional de Transportes Terrestres, cantidad que podría usarse para reparar los daños contra el patrimonio y el sistema democrático de Brasil, pues medios locales dicen que éste asciende a más de seis millones tan sólo en ambas Cámaras, pero sin contabilizar los destrozos en Planalto y el Tribunal.

Horas después, se confirmó el hallazgo de documentación con la que la gestión anterior pudo alterar el resultado electoral, según el diario Folha de Sao Paulo; tras el allanamiento del pasado 10 de enero en la residencia de Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro y recién removido del principal cargo de seguridad en Brasilia, se identificó un borrador para romper con el TSE e intervenirlo, institución con la el que el ultranacionalista chocó reiteradamente.

Supuestamente ese decreto daría al gobierno el poder de cambiar el resultado electoral, pues ya se anticipaba una derrota para la reelección del entonces presidente, hecho por el que Jair insistió que hubo un fraude en su contra.

Sin embargo, casi de inmediato el cesado, quien sigue en Florida, desmintió tal intención al detallar que lo decomisado en su casa era material para desecho, pues esa propuesta nunca prosperó; sin dar detalles sobre el origen de este borrador aseveró que como funcionario recibió muchas iniciativas que no prosperaron, pero ésta nunca fue firmada por el jefe de Estado y ahora se usa para atacar a la administración anterior.

En tanto, su oficina le jugó un revés al revelar que Torres no debía estar fuera del país en las fechas que inició supuestamente sus vacaciones, pues un papel oficial difundido por el medio Metropoles sostiene que ese periodo comenzaría el 9 de enero, pero éste ya se encontraba en EU con su familia dos días antes de que ocurriera el ataque antidemocrático.