Magnate ordena dar al Censo datos de ilegales

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó que compartirá información de la ciudadanía de residentes en el país con la Oficina del Censo, en virtud de una orden ejecutiva del presidente Trump realizada después de que la Corte Suprema le negó preguntar en el conteo poblacional anual, si la persona vive o no de manera legal.

La medida fue anunciada por el DHS de manera discreta, a finales de diciembre, en un documento publicado en su sitio de Internet.

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“El DHS compartirá varios elementos de datos que la Oficina del Censo necesita conocer, con el fin de ejecutar la orden ejecutiva (de Trump), incluida la información de identificación personal”, detalló el departamento en el documento publicado el pasado 27 de diciembre.

En junio pasado, la Corte Suprema resolvió que la administración no dio una razón adecuada para querer incluir la pregunta en el recuento decenal de la población estadounidense.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos proporcionarán información de registros que datan de 1973, según el DHS. Aduanas y Protección Fronteriza, por su parte, proporcionará información desde 2013 hasta 2018, incluido el último código postal que tiene una persona, si está disponible.

Todavía no está claro si la información personal compartida proporcionará una determinación precisa del estado de ciudadanía del residente en cuestión.

“Determinar la ciudadanía de un individuo con base en varios datos del DHS es una tarea difícil”, explicó el propio departamento en el documento, y agregó que  “ninguna fuente de información de ciudadanía está completa y actualizada”.

La agencia aclaró que “no habrá ningún impacto adverso” para las personas mal identificadas, porque la información “es sólo para fines estadísticos y productos estadísticos del censo”.

El censo en Estados Unidos, además de servir como un informe estadístico, sirve a los gobiernos para delinear sus políticas públicas, sobre todo el dinero que asignan a determinados sectores de la población. El hecho de que Trump sepa más sobre los inmigrantes, ilegales o no, hace temer a grupos de defensa de extranjeros indocumentados, quienes ven en esta medida una forma de excluir a los migrantes de programas de apoyo.