Nicaragua sepulta a las ONG; elimina 83 y represión no cesa

El régimen de Daniel Ortega cerró otras 83 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) profundizando el control sobre grupos críticos en Nicaragua a menos de medio año de su nuevo mandato, hecho que el colectivo de derechos humanos Nunca Más calificó como un signo más de la “represión sistemática”.

Bajo la orden sandinista, la Asamblea Nacional arrebató a decenas de agrupaciones opositoras su personería jurídica en el mayor golpe contra el sector en la gestión orteguista, pues apenas el pasado 4 de mayo el Congreso censuró a 50 más, con lo que ya suman 344 invalidadas desde 2018, de las que más de la mitad han sido eliminadas tan sólo en lo que va de su nueva administración, según registros históricos.

Con una mayoría de 75 votos contra 16 abstenciones, los asambleístas orteguistas apoyaron el decreto presidencial para disolver los entres y ampliar estas restricciones contra la oposición.

De esta manera sepultan a grupos históricos como la Fundación Enrique Bolaños y la Asociación de la Lengua de Nicaragua, que goza con personería desde hace 94 años.

A ésta última pertenece el escritor exiliado Sergio Ramírez, un opositor al gobierno nicaragüense abiertamente y quien abandonó el país ante la embestida de la pareja presidencial Ortega-Rosario Murillo contra disidentes, aspirantes presidenciales, periodistas y exguerrilleros, entre otros, de los que algunos están por cumplir un año en prisión.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria de la XXXVIII Legislatura, los diputados oficialistas coincidieron, sin debate de por medio, que éstas desafían de manera constante el régimen orteguista al omitir sus informes financieros, hecho que el Ministerio de Gobernación tachó de grave incumplimiento de la ley, lo que amerita su invalidez inmediata, según leyes creadas por el mismo gobierno.

Incluso, el legislador Filiberto Rodríguez —quien presentó el decreto—, aseveró ante sus compañeros que estas organizaciones sin fines de lucro “han desarrollado sus actividades al margen de la ley (...) obstaculizando el control y la vigilancia”, lo que recuerda otras acciones contra estos grupos por presuntamente no entregar documentación sobre sus ingresos de manera transparente o hacerlo parcialmente.

De acuerdo con la persecución que abrió el régimen contra sus críticos estos grupos no gubernamentales ocultan donaciones ilegales provenientes de otras naciones.

Ante esta situación los aliados del régimen sostienen que muchas de éstas se mantienen gracias a estos fondos irregulares, pues no se registran arbitrariamente, y hasta se han convertido en agentes extranjeros, presuntamente con el único fin de derrocar al régimen que en noviembre del 2021 consiguió otro triunfo en las urnas, mismo que fue desconocidos por decenas de naciones.

En los últimos años, especialmente con motivo de los comicios del año pasado, Ortega y su esposa le declararon la guerra a este tipo organizaciones, como la Fundación Violeta Chamorro a la que acusó de lavado de dinero, por supuestamente servir a intereses extranjeros para perpetrar un supuesto golpe de Estado, como el que presuntamente intentaron estudiantes en 2018 durante las peores protestas contra su gestión.

Ante este nuevo golpe, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció que Ortega hace muestra, otra vez, de que en su gobierno “se ejecuta la voluntad de una tiranía” para asumir el control absoluto de la nación, pues tiene las riendas de la Asamblea e instituciones judiciales.

Y recalcó que con este tipo de decretos Ortega y Murillo dejan en evidencia que la persecución aún no se acaba.

Por el contrario, ésta se aprieta contra todos los que piensan diferente con el único plan de fomentar un “pensamiento único”, lo que recuerda que en los últimos meses su régimen lanzó una embestida contra grupos intelectuales y educativos, pues tan sólo a inicios de año desapareció varias universidades estatales y extranjeras, mismas de las que se apropió, para difundir una sola visión o realidad del mundo en las aulas, limitando las alternativas de estudios para la juventud, la misma que desató la peor crisis en sus más de 15 años en el poder.

Tras años de intensos ataques a la oposición, el colectivo también acusó una “sistemática represión” del régimen contra organismos de la sociedad civil, a los que les vulnera el derecho a la libertad de asociación, participación política y contribución al desarrollo.

Por ello, exigió la inmediata derogación de leyes represivas, que sólo sirven para aumentar su poder y control, así como la liberación de todos los presos políticos en el país, justo cuando las autoridades mantienen juicios secretos contra líderes recluidos en el marco de las elecciones presidenciales, en las que Daniel Ortega consiguió su cuarto mandato consecutivo.

Además, el nuevo asedio del régimen pareciera una respuesta a un informe en el que se denunció un aumento de la hostilidad contra los críticos de la nación.