El Sistema de Administración Tributaria (SAT) rechazó que el acuerdo al que llegó con las aseguradoras sobre el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) afecte las finanzas de las compañías, ya que distinto a lo que se mencionó sobre un cobro por hasta 200 mil millones de pesos, el órgano recaudador sólo va por un pago de entre 20 y 25 mil millones de pesos, afirmó Gari Flores, administrador general de Recaudación de la institución.
Explicó que dicho acuerdo envuelve a todas las aseguradoras del país, aunque no especificó qué compañía es la mayor acreedora. Añadió que se trató de un estímulo fiscal que deja en el olvido el IVA no pagado al SAT en años anteriores; es decir: las empresas de seguros sólo deberán pagar el adeudo correspondiente a 2025.
- El Dato: el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación faculta a la oficina de Recaudación a fiscalizar y comprobar en tiempo real información contable.
“Con esto justamente que se está proponiendo todo lo contrario (a daños financieros o económicos), habrá mucha certeza y seguridad para todos”, dijo a medios de comunicación durante una reunión.
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Añadió que para que las aseguradoras gocen de este estímulo deberán además abandonar los litigios o juicios que iniciaron debido al cobro del IVA. Como el que inició la francesa Axa en diciembre del 2024.
“El primero de los requisitos es que paguen un IVA que se venían acreditando a partir del 2025 y de ahí en adelante. Y el segundo requisito es que desistan de cualquier medio de impugnación que tuvieran respecto de auditorías que haya realizado el SAT”, señaló Flores.
Añadió que lo que busca el SAT es que las aseguradoras dejen de acreditarse un IVA que no le corresponde. De acuerdo con el funcionario, por años estas empresas reclamaron este impuesto pese a que los únicos a los que les se les podía retribuir era a los otorgadores de servicios.
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“Cuando se contrata la póliza hay un IVA, ese IVA está asociado a la actividad objeto de la institución de seguros y ese IVA es acreditable, pero el IVA cuando la aseguradora envía el carro al taller mecánico, por ejemplo, ese IVA se lo estaban acreditando de manera indebida. Ese IVA debe ser acreditable, pero para el taller, no para la institución de seguros”, explicó Gari Flores.
Agregó que este tema se vio a nivel gremial, es decir: involucra a todo el sector asegurador, que de acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) son más de 100 aseguradoras.
“Es una medida que resuelve de fondo esta problemática, dando certeza jurídica a las instituciones, permitiendo que haya una mayor recaudación para las arcas públicas y que se acaben cualquier tipo de controversia judicial que existiera”, comentó.
El acuerdo se publicó a través de la fracción XIV del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2026, que ya fue votada y aprobada en la Cámara de Diputados y se espera la discusión y votación en la Cámara de Senadores.
Ante esta situación, la AMIS señaló que las aseguradoras establecidas en México en todo momento han sido respetuosas de las leyes y reglamentos existentes en el país.
Conjuntamente reiteraron que continuarán cumpliendo a cabalidad todas las disposiciones aprobadas.
“Con estas modificaciones se refuerza y garantiza el correcto cumplimiento de las obligaciones de las compañías de seguros”, señaló la asociación.
DESCARTAN FACULTAD PARA ESPIAR. Por otro lado, Flores aclaró que la reforma al artículo 30 del Código Fiscal de la Federación consistió en que la oficina de recaudación pueda fiscalizar y comprobar en tiempo real la información contable que las plataformas de streaming presentan a la autoridad. Descartó que esté asociado con espiar a los contribuyentes.
“Es falso que el SAT tenga acceso a datos personales. Esta medida solo busca contrastar los reportes de las plataformas con las declaraciones fiscales para reducir la evasión de impuestos”, aseguró.
Aseguró que estas empresas informan mensualmente al SAT sobre sus operaciones y retenciones, sin embargo, algunas reportan montos menores a los reales.
Gari Flores desmintió que se trate de “terrorismo fiscal” y que en ningún momento buscan aplicar represalias en contra de los contribuyentes, sino justicia fiscal. Este comentario se dio ya que circuló en medios de comunicación y redes sociales, que en caso de que un contribuyente adeude al SAT, se le podría “bajar el switch”, prohibiéndole el acceso a servicios digitales hasta que no realice el pago de sus impuestos.
“No podemos ni queremos tener acceso a ningún tipo de información que no sea de carácter fiscal”, mencionó.
“No se trata de una ley espía, es una herramienta contable para fiscalizar correctamente”, concluyó.
